Varios son los factores que pueden llevar a que el nuevo concurso (que parece la opción más probable) donde se decida la empresa que se hará cargo de los autobuses urbanos puede posponerse hasta 2019.
A la falta de la decisión firme del equipo de gobierno y a la inminente prórroga a la empresa actual (Tmesa) se suma la existencia de una serie de contradicciones entre la normativa europea y la española que han provocado la impugnación de varios concursos públicos en el ámbito del transporte de viajeros por carretera.
Así lo asegura el teniente de alcalde de Territorio y Sostenibilidad, Marc Armengol, que por este motivo no descarta retrasar la licitación hasta que el Congreso actualice la ley española. "Los servicios jurídicos nos dicen que igual es conveniente retrasar el concurso uno o dos años, hasta que se clarifique el escenario normativo, y no tener problemas de impugnación", comenta. No hay urgencia: "Tenemos margen para prorrogar el servicio actual hasta 2019", dado que la concesión a Tmesa, de 1989, era por veinte años, prorrogable otros diez más.
El pliego de condiciones
Desde el área de Servicios Generales tienen previsto encargar un informe externo para actualizar el pliego de condiciones redactado en 2013, no tanto por la vertiente técnica -que "sigue siendo válida", matiza Armengol- si no para incorporar aspectos legislativos que han aparecido estos años.
