En septiembre próximo se cumplirán siete años del fallecimiento de Jonathan Carrillo, el joven terrassense de 26 años que perdió la vida por los hematomas de una fractura craneal sufrida en un altercado con policías municipales. Casi siete años después, el último litigio entre la familia del finado y el Ayuntamiento ha quedado zanjado. El Consistorio admite su responsabilidad en los hechos y ha pagado al padre de la víctima 41.935 euros en concepto de indemnización.
En realidad, el pago lo ha efectuado la compañía aseguradora del gobierno, pues de los 41.935 euros el Ayuntamiento sólo responde con trescientos a cargo del presupuesto municipal. La familia de Jonathan, deseosa de dar carpetazo al asunto, ha declinado seguir adelante por la vía contencioso-administrativa y se ha avenido a aceptar la resolución de la corporación, a pesar de que su demanda inicial, defendida por el abogado Marc Pérez, fijaba en 148.520 euros la indemnización. La razón: incluía como beneficiarios al padre y a los dos hermanos del fallecido.
Sin embargo, la resolución municipal considera procedente la cantidad de 41.935 euros, sustentando esa cifra en lo indicado por la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat respecto de que sólo procedía pagar al padre. Pedir un dictamen a esa comisión era preceptivo en el procedimiento de recurso porque la cuantía reclamada era superior a los 50.000 euros.
La secuencia
El informe de la Generalitat, emitido hace unas semanas, relata la secuencia de los hechos: la intervención de los policías que aquella noche, la del 15 de septiembre del 2009, se encontraban en el Pla del Bon Aire, donde Jonathan resultó malherido; la bofetada de un agente al joven, que estaba ebrio y se desplomó hacia atrás, golpeándose la cabeza contra el suelo, y el fallecimiento del chico, horas después, en Mútua. Y recuerda que la Audiencia Provincial absolvió a los cuatro agentes acusados.
La familia del muchacho habló, en la reclamación administrativa emprendida tras acabar la vía penal, de actuación desproporcionada, incongruente e inoportuna de los guardias, a quienes atribuyó también una omisión de información a los servicios sanitarios sobre el golpe sufrido por la víctima.
Según la comisión jurídica, la sentencia penal confirmó que Jonathan iba ebrio de alcohol y cannabis, que presentaba dificultades para mantener la verticalidad, que se dirigió a los agentes vociferando y gesticulando, que recibió una bofetada "de intensidad pequeña", que cayó a plomo y de espaldas y que el agente que le propinó la bofetada debió saber que su acción "podía poner en riesgo la integridad física del finado".
No hay justificación para el tortazo infligido, dice la comisión asesora. La acción policial no era necesaria ni fue congruente, añade el dictamen jurídico. Éste, no obstante, apunta la concurrencia de motivos que llevaron a la muerte de Jonathan Carrillo y dice que la causalidad atribuible a la policía local es del 60 por ciento, y del 40 por ciento la achacable al estado de embriaguez del chico.
