El Ayuntamiento aplicará nuevas y más contundentes medidas para asegurar que los pisos vacíos de los grandes tenedores, principalmente bancos y fondos de inversión, acaban en manos de familias que los necesitan a través de alquileres a precios razonables.
Este es el objetivo de la propuesta de resolución aprobada por la amplia mayoría de los concejales durante el pleno de junio. De hecho, los aspectos más sustanciales de la propuesta, como la ampliación de los expedientes sancionadores y sus multas, fueron ratificados por todos los grupos políticos. La moción compromete al equipo de gobierno a aumentar el ritmo de apertura de nuevos expedientes sancionadores a los grandes tenedores de inmuebles que vulneren la función social de la vivienda, como se entiende que hacen quienes mantienen pisos vacíos de forma permanente.
Los concejales de TEC y la CUP, impulsores de la propuesta, se avinieron a modificar ligeramente el redactado para sumar los apoyos del bipartito. Exigir que se abran nuevos expedientes cada mes era tensar demasiado la maquinaria municipal. El propio concejal Xavier Martínez, de TEC, reconoció "el enorme esfuerzo de los servicios técnicos", pioneros en reclamar a las entidades que cedan en alquiler las viviendas vacías. Para garantizar la viabilidad de la medida, se acordó abrir nuevos expedientes trimestralmente. Además, el Ayuntamiento deberá hacer público el nombre del banco, inmobiliaria o empresa de turno a la que se le va abriendo expediente para saber así qué entidades tienen viviendas sin utilizar en Terrassa.
El equipo de gobierno está a punto de ampliar el equipo asignado al servicio de disciplina urbanística encargado de tramitar los expedientes sancionadores para poder asumir el aumento de esta carga de trabajo. Hasta ahora se han abierto 800 expedientes sancionadores. Se estima que hay alrededor de cuatro mil pisos vacíos en manos de bancos en la ciudad.
El otro aspecto importante de la moción es que se aumentará la cuantía de las multas coercitivas si el gran tenedor no atiende los requerimientos del Ayuntamiento. Hasta tres advertencias, con multas de cinco, seis y siete mil euros, envía el Consistorio para pedir que cedan el piso o lo pongan directamente en alquiler. Hasta ahora se han interpuesto 104 multas que han reportado a las arcas públicas 540 mil euros, según los datos recientes del Ayuntamiento.
Experiencia acumulada
Martínez entendió que hasta ahora se haya actuado "lentamente" por la incertidumbre sobre cómo reaccionarían los bancos (aluvión de demandas) al ser el primer Ayuntamiento en aplicar las sanciones. Una vez superada esta primera fase y "dada la situación de emergencia", Martínez cree que ha llegado el momento de "imponer sanciones más elevadas" que disuadan de mantener los inmuebles vacíos. La Llei pel Dret a l’Habitatge de 2007 contempla sanciones máximas, que en el caso de Terrassa, podrían llegar al medio millón de euros.
Otra de las medidas acordadas es realizar un censo de todas las viviendas de Terrassa que no están cumpliendo con la función social para así movilizarlas hacia el alquiler. Ésta es una de las demandas reiteradas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, como también lo es el sexto acuerdo, que consiste en elaborar informes periódicos que aporten datos sobre los vecinos de Terrassa que sufren la llamada exclusión residencial.
Las medidas propuestas son fruto del consenso alcanzado con el grupo promotor de la ILP contra los desahucios y la pobreza energética (PAH, Observatori Desc y Alianza contra la Pobreza energética) que se aprobó en el Parlament en julio del año pasado. La conocida como ley 24/2015 ha tenido una escasa trayectoria debido a que el Gobierno la recurrió ante el Tribunal Constitucional, lo que ha dado lugar a la suspensión de gran parte de su articulado. Mientras se redacta una nueva norma que sortee los preceptos recurridos, las asociaciones han constituido un grupo de trabajo con los doce ayuntamientos más poblados de Catalunya para aplicar medidas urgentes. Gran parte de esas actuaciones se basan, precisamente, en aplicar una ley que ya existe, la de 2007.
C’s y PP con reticencias
Si bien PSC, TEC, ERC-MES, CiU y CUP apoyaron todas las medidas de la propuesta, C’s se abstuvo en el punto que pedía publicar informes periódicos sobre la población en exclusión residencial y en el apartado de instar a la Generalitat a que firme cuanto antes los convenios con las empresas de servicios básicos para crear un fondo social que ayude a pagar las facturas de las familias que no pueden costearse el agua, la luz o el gas.
Por su parte, el PP votó en contra de varios acuerdos de la moción. Lo que causó más polémica fue sin duda su negativa a apoyar el principio de solidaridad urbana, previsto en la ley de 2007, por el que los ayuntamientos deben destinar el 15% del parque de viviendas del municipio a políticas sociales. Álex Rodríguez, portavoz popular, receló de que hubiera que "fijar un tope máximo" de viviendas sociales. "Quizás con destinar un 5% sería suficiente", dijo. Xavier Martínez, de TEC, explicó que la cantidad no era casual, es precisamente el porcentaje que marca la Llei pel Dret a l’Habitatge de Catalunya de 2007.
A pesar del amplio consenso con el que salieron adelante estas medidas de emergencia, el debate no estuvo exento de polémica. El concejal de ERC-MES Carles Caballero hizo una encendida defensa de la moción con argumentos que para el popular Álex Rodríguez rozaron la ofensa personal. "Si se opone a abrir expedientes a los grandes tenedores de vivienda, será porque a quienes escucha no es a los ciudadanos, sino a los poderes económicos", le espetó Caballero al edil popular, a quien le pidió que pensase en los terrassenses "y no en la ideología". Apenas hicieron falta uno minutos para que Caballero pidiese disculpas a su compañero de pleno recordando que "la política la hacemos las personas, pero no es personal", un lema parece que ya instaurado en el seno del grupo republicano.
Más allá de este desencuentro, Caballero leyó varios artículos de la Constitución española, la misma dijo "que han prostituido a derecha y a izquierda estos 40 años", para poner de manifiesto el incumplimiento del derecho a la vivienda digna y adecuada que contempla la Carta Magna.
Para la CUP no había excusas para no apoyar el texto. Las medidas propuestas, dijo Maria Sirvent, son "viables y coherentes". La situación, remarcó, "es alarmante" y las Administraciones "han fracasado" porque "no tienen herramientas para afrontar esta emergencia".
La concejal de Vivienda, Lluïsa Melgares, reafirmó la apuesta del bipartito en continuar aplicando sanciones a los bancos y subrayó el "esfuerzo" del Ayuntamiento "por poner orden" y "defender los derechos de los ciudadanos" para que "dejen de vivir en el sufrimiento". Animó a todos los grupos a ratificar la moción porque, además, "no hay ningún acuerdo que vaya en contra de la ley".
