El contrato de concesión a Mina del servicio del agua en la ciudad culmina a final de año y el Ayuntamiento ha iniciado los trámites para la prorroga de la prestación durante el máximo de seis meses que permite la ley. El dictamen irá al pleno de junio e inmediatamente se dará comunicación oficial a la compañía.
El expediente de liquidación del contrato actual y la prórroga forzosa pasaron ayer el trámite en comisión informativa, en la que trascendieron las condiciones legales, técnicas y económicas en que Mina garantizará que el agua continuará llegando a los domicilios terrassenses hasta junio de 2017.
El contrato de 1941 no preveía la prórroga, pero la compañía está legalmente obligada a continuar prestando el servicio hasta que haya un nuevo operador, según fuentes municipales. Como el contrato anterior quedará extinguido en diciembre, el Ayuntamiento establecerá con la compañía “una nueva relación jurídica basada en la necesidad pública de dar continuidad al servicio”.
El gobierno detalló ayer en comisión las dificultades que han forzado la prórroga. Por un lado la poca especialización de los servicios técnicos municipales en un caso de extrema complejidad, magnitud y singularidad, además de la limitación de recursos. También “el hecho de que la actual concesionaria se ha negado reiteradamente, y continúa negándose, a facilitar la información necesaria” para resolver la liquidación.
Apoyo jurídico
El Ayuntamiento solicitará dictamen a la Comissió Jurídica Asessora de la Generalitat sobre el expediente de prórroga, al que Mina puede presentar alegaciones. La intención municipal es que el expediente se resuelva entre septiembre y octubre de este año.
El proceso comportará dos expedientes de liquidación, uno del contrato de 75 años que finaliza en diciembre y otro correspondiente a los seis meses de prórroga.
Durante ese periodo, el Ayuntamiento pondrá a disposición de la concesionaria los bienes necesarios para la prestación del servicio, que llevará a cabo el personal de la compañía adscrito al abastecimiento. Mina deberá también prorrogar los contratos de suministros (energía eléctrica, gas) y las pólizas de seguros.
La prórroga impone a la compañía la contratación de asistencias técnicas que, bajo supervisión municipal, llevarán a cabo una inspección pormenorizada del servicio, las obras, las instalaciones y dependencias, así como la documentación relacionada con la prestación, También llevarán a cabo una auditoría contable, económica, fiscal y administrativa de los ingresos y gastos vinculados al servicio.
Mensualmente, Mina presentará un informe de explotación en el que detallará los gastos de personal, las inversiones, el plan de tesorería, la evolución del servicio y las incidencias registradas, así como el resultado de las encuestas de satisfacción que lleve a cabo en ese periodo entre los abonados de la ciudad.
El gobierno cuenta con el apoyo de los grupos municipales en la elevación a pleno de la prórroga forzosa (ayer sólo C,s se abstuvo en comisión). El calendario corre y el ejecutivo de Jordi Ballart tiene por delante seis frenéticos meses en los que deberá resolver la prórroga, ultimar la liquidación del contrato y decidir el futuro modelo de gestión. Durante los seis meses siguientes tendrá que tener a punto el nuevo operador, sea público, privado o mixto.
