Un empresario de la construcción utilizó el DNI de un discapacitado para ponerlo al frente de sociedades limitadas y al final la víctima es la deudora de créditos y tiene embargada su precaria pensión; sufrió una situación económica de desamparo. De eso acusa, al menos, el Ministerio Fiscal al empresario, a quien considera autor de un delito de estafa agravada y para que el que reclama una pena de seis años de prisión y una multa de 5.400 euros; y pide que pague al perjudicado una indemnización.
El procesado hizo uso del DNI de la víctima “para la realización y formalización de diversos negocios fraudulentos en el periodo de tiempo comprendido entre los años 2007 y 2008”, manifiesta la acusación pública en sus conclusiones provisionales. Y añade que el acusado aprovechó la situación de la víctima, su “especial vulnerabilidad y discapacidad”.
Se valió de que el afectado era “manifiestamente incapaz” para administrar bienes “y para comprender el tráfico jurídico y comercial”. El empresario encausado tenía “pleno conocimiento” de las delicadas circunstancias personales y económicas del damnificado, agrega el Ministerio Público.
Así, el constructor colocó al perjudicado “como administrador único de distintas sociedades vinculadas a nombre el acusado, o en las que tenía diferentes participaciones”; de esa forma, los acreedores harían efectiva contra él su deuda en caso de quiebra o insolvencia. El industrial se lavaría las manos.
El fiscal habla de, cuando menos, tres empresas en las que el discapacitado fue colocado como administrador; y relata que en el 2007 el acusado dio de alta a la víctima como autónomo en el sector de la construcción, “creando facturas falsas a su nombre, de manera que aumentaba ficticiamente el IVA soportado declarado en el impuesto de sociedades e IVA” de una de sus industrias.
En enero del 2008, el procesado indujo al discapacitado a firmar un contrato de financiación con un banco para comprar un vehículo. El perjudicado constaba como fiador y el empresario dejó prácticamente impagadas desde el principio las cuotas del préstamo. Varios acreedores reclaman el dinero de sus créditos a la víctima, “quien tiene embargada una parte importante de su cuenta bancaria” y cobra una pensión de apenas trescientos euros al mes.
Desamparo
El fiscal afirma en su escrito de acusación que el damnificado quedó “en una grave y difícil situación económica de desamparo” que le impide cubrir de forma adecuada “sus necesidades más básicas”. Las diligencias previas fueron tramitadas por el juzgado de instrucción número 3 de Terrassa. La Audiencia Provincial de Barcelona tiene previsto juzgar el caso el próximo martes al mediodía.
En sus conclusiones provisionales, el Ministerio Público considera que los hechos son constitutivos de un delito de estafa agravada. Y reclama a la sección novena de la Audiencia que condene al acusado a una pena de seis años de prisión, a una multa de doce meses con una cuota diaria de quince euros, a pagar las costas del juicio y a abonar una indemnización por daños y perjuicios, aún por determinar, al tutor legal del discapacitado al que presuntamente estafó. En la vista han sido llamados a declarar inspectores de Hacienda y agentes de los Mossos d’Esquadra.
