El fiscal pide una pena de tres años de prisión y una multa de 3.600 euros para un cooperativista acusado de quedarse dinero de sus socios. El Ministerio Público acusa al procesado de un delito societario y de otro de apropiación indebida.
La cooperativa, con sede en Segle XX, estaba presidida por el acusado, que ejerció de liquidador cuando la firma fue disuelta por acuerdo de sus socios en noviembre de 1999. Cada uno de los cuatro propietarios tenía un 25 por ciento del capital. Según la acusación pública, el procesado constituyó semanas después, en diciembre de 1999, una nueva empresa en la que constaba como administrador único, con una porción del 21 por ciento del capital. El resto correspondía a otra sociedad. Sin que hubiese consentimiento de sus antiguos socios, el acusado "cedió la totalidad del activo y del pasivo" de la antigua cooperativa a la nueva firma el 31 de enero del 2000.
La nueva empresa pagó a cambio unos 48.000 euros que, según la Fiscalía, "no constan repartidos entre los demás socios". En el 2004 adquirió todas las participaciones de la firma administrada por él tras el cierre de la primera. El empresario negó que las operaciones generasen beneficios a repartir.
En septiembre del 2004, se comprometió a presentar el inventario de la cooperativa disuelta "a fin de acreditar la transmisión del activo y del pasivo para justificar la ausencia de beneficios", pero de forma consciente ocultó la información, señala el fiscal. No lo hizo a pesar de requerimientos por burofax y por dos providencias judiciales, por lo que en el 2010 un juzgado le dedujo testimonio por un delito de desobediencia grave. El fiscal reclama que el acusado indemnice con 36.000 euros a los que fueron sus compañeros.
