Buscarán, juntos, afectados y Ayuntamiento, “una posible solución de urgencia”. A eso se comprometió el gobierno municipal tras la reunión, también de urgencia, mantenida el miércoles con representantes de las 44 familias que se quedaron sin suministro eléctrico ese mismo día, cuando operarios de una compañía eléctrica cortaron el fluido por impago. Las viviendas, propiedad de una entidad bancaria, están ubicadas en tres bloques de pisos “ocupados” desde hace un par de años en Les Arenes.
En medio de un ambiente de tensión, agentes de los Mossos d’Esquadra protegieron a los operarios que cortaron el suministro en la acometida pinchada. Luego, un grupo numeroso de afectados se dirigió al Raval de Montserrat para protestar ante el Consistorio, y el equipo de gobierno los recibió en un encuentro que contó con la participación de Marc Armengol, teniente de alcalde de Territorio y Sostenibilidad; Lluïsa Melgares, concejal de Vivienda y Mediación Comunitaria; Noel Duque, edil de Servicios Sociales y del distrito 6, y Maruja Rambla, concejal de Seguridad Ciudadana.
El compromiso de los representantes municipales: buscar, junto a los afectados, “una posible solución de urgencia, dentro de las capacidades y competencias municipales”, respecto del corte de luz, “mientras se continúa trabajando para conseguir, a medio plazo, regularizar la situación de las 44 familias mediante un alquiler social”. En ese objetivo, el de la regularización, trabaja el Ayuntamiento, según fuentes municipales, desde que supo de la “ocupación” de los tres bloques.
Y hasta que la situación no se regularice, Endesa seguirá cortando el suministro en los lugares “donde exista defraudación del fluido eléctrico”, como advirtió ayer un portavoz de la compañía subrayando el argumento de la seguridad. Las personas que manipulan acometidas para realizar conexiones ilegales, apuntó dicho portavoz, corren graves peligros de electrocución y pueden originar incendios. “Por responsabilidad, no podemos bajar la guardia en esta cuestión”, manifestó Endesa. No hay otra forma de proceder, agregó, que cortar el fluido en empalmes ilegales. La compañía señaló que mantiene conversaciones con el Ayuntamiento, a través de sus Servicios Sociales, para regular la situación de las 44 familias.
Comunicado crítico de TEC
Terrassa en Comú (TeC) difundió un comunicado muy crítico con el gobierno municipal, preguntando por qué el asunto se había “cronificado” si el Ayuntamiento conocía el problema desde hacía un año y por qué responsables de la administración habían asegurado a las familias que no habría cortes. El gobierno local debería tener “una actitud valiente, más proactiva y anticipatoria, con soluciones estructurales y no de emergencia y precipitadas”.
Ha faltado, según TeC, contundencia “ante actuaciones de empresas que cortan los derechos fundamentales de las personas”. La confluencia de izquierdas pidió ayer la convocatoria urgente de la comisión política de vivienda para que el gobierno de PSC y CiU explique hechos y propuestas.
