La cuestión ha estado encima de la mesa, pero finalmente el equipo de gobierno ha descartado actuar jurídicamente contra las distintas empresas que participaron en el proyecto de reurbanización de la Rambla.
Un informe elaborado por los servicios jurídicos municipales descarta emprender acciones legales contra ninguno de los agentes que intervinieron en el diseño y ejecución de las obras de remodelación. “El informe desestima la opción de exigir responsabilidades. No aprecia posibilidades de éxito porque ve muy difícil demostrar que los problemas actuales sean un error del proyecto”, así lo explica Marc Armengol, teniente de alcalde de Territorio y Sostenibilidad.
En el anterior mandato, la entonces titular de Urbanismo, Came Labòria, impulsada por la presión de la oposición y las constantes reparaciones, planteó la necesidad de analizar si procedía pedir responsabilidades para reclamar así el coste de sustitución de los adoquines. Ya entonces matizó que sería difícil hallar un culpable, si lo había, entre el despacho de arquitectura que diseñó el proyecto, las empresas que ejecutaron las obras o el fabricante del material. Planteó, de hecho, que la responsabilidad era “compartida”, lo que incluía al propio equipo de gobierno.
Ahora, Armengol señala que “lo importante es resolver el problema, independientemente de si iniciamos o no un proceso judicial, que, por otro lado, los servicios jurídicos afirman que tendríamos pocas posibilidades de ganar”.
