Al intenso debate sobre quién debe encargarse de la gestión del agua durante las próximas décadas, se le sumará en breve otro que tiene visos de ser igual de apasionado y que ya arrastra un historial de agitada polémica.
Se trata de la explotación del servicio público de autobús urbano, un asunto que debería estar ya resuelto, pero que tras una intensa batalla administrativa entre el Ayuntamiento, la empresa que actualmente gestiona el servicio y los trabajadores de Tmesa ha vuelto a la casilla de salida y a estas altura se desconoce qué pasará en el futuro. El nuevo contexto político y la anulación del concurso debido a que incumplía un reglamento europeo han llevado al equipo de gobierno a rectificar su posición inicial. Ahora, todas las posibilidades vuelven a estar sobre la mesa, concesión privada, gestión directa o fórmula mixta, y, con ello, se reabre el debate político y ciudadano.
El concurso para la explotación del servicio colectivo de pasajeros de Terrassa arrancó en diciembre de 2013. El anterior equipo de gobierno, formado por PSC e ICV-EUiA, decidió liquidar la empresa mixta Tmesa (donde el Consistorio posee el 20% del capital y CTSA, del grupo Avanza, el 80% restante) y optar por concesionar el servicio a un tercero. El concurso, al que se presentaron tres empresas, se adjudicó en mayo de 2014 a Moventis, que nunca ha podido hacerse cargo de la red de autobuses.
En seguida, el grupo Avanza, actual gestor del servicio y uno de los licitadores en el concurso, así como la plantilla de Tmesa, recurrieron la decisión ante el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. Consideraban inviable la oferta económica realizada por Moventis y cuestionaban la puntuación técnica dada a la propuesta del grupo catalán. Finalmente, el tribunal anuló dos veces la adjudicación.
Ante dos varapalos consecutivos, el bipartito decidió entonces encargar un informe externo para analizar la solidez del concurso y evitar nuevas demandas. En abril del año pasado, tal informe reveló que el proceso era nulo de pleno derecho, aunque el motivo nada tenía que ver con la cuestionada oferta económica ni la propuesta técnica de Moventis. Lo era porque el proceso incumplía un reglamento comunitario que obliga a las administraciones a publicar en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) las licitaciones que afectan al sector del transporte con un año de antelación.
Hasta el 6 de octubre
Así las cosas, el gobierno local decidió paralizar el proceso y procedió a cumplir con la norma europea. El próximo 6 de octubre se cumple el periodo de un año desde la publicación en el DOUE y entonces se podrá volver a convocar el concurso. Pero, ¿se hará? Ésa es la gran incógnita. Dos años y medio después de iniciarse el proceso, no está nada claro qué pasará.
El portavoz del bipartito actual (PSC y CiU), Alfredo Vega, explica que legalmente podrían hacerlo, pero que “es un debate político que aún no hemos tocado y que debemos abordar”. El Ejecutivo local no tiene una decisión tomada al respecto: “Todas las opciones son posibles”, sostiene.
Así, la vía que en 2013 consideraron la más adecuada para explotar la red de autobuses, como es la gestión 100% externa, ha devenido sólo una posibilidad más en el nuevo contexto político. Los grupos de la oposición, de manera mayoritaria, piden que se aborde pronto el debate ya que los problemas con el concurso han obligado a prorrogar el contrato a Avanza y a desembolsar un millón de euros más por el servicio durante este año de lo que hubiese costado con una nueva concesión.
Distintas visiones
Ante este escenario, los grupos políticos empiezan a tomar posición. Hay dos formaciones que, a falta de conocer con más detalle todas las implicaciones, se decantan por la gestión pública como premisa ideológica. Se trata de Terrassa en Comú y la CUP. “En igualdad de condiciones, entendemos que la gestión pública, si se hace con responsabilidad, es lo más adecuado”, comenta Xavier Matilla, de TEC. Hace esta apuesta con ciertas reservas a la espera de acceder a toda la documentación y sabiendo que es un servicio “con una herencia complicada y con una falta evidente de inversiones”.
Maria Sirvent, portavoz de la CUP, considera que “la gestión directa del autobús hará que el servicio responda mejor a los intereses colectivos que si lo hace una empresa privada”. De esta forma, la administración “se ahorra el margen de beneficio empresarial y hay una mejor fiscalización”. Antes de tomar la decisión, igualmente, cree que deberían ponerse encima de la mesa las distintas opciones, pero urge a hacerlo “con margen de tiempo” y critica que “los problemas actuales del servicio son consecuencia de la paralización del concurso”.
En el lado opuesto están Ciutadans y el PP, que, de entrada, prefieren una concesión privada. Javier González, de C’s: “No tenemos una posición cerrada, pero, de entrada, no contemplamos una municipalización. Preferimos que se abra un nuevo concurso”, señala. Considera que la gestión actual, principalmente privada, está funcionando “de manera óptima”. El popular Álex Rodríguez cree también que “para este tipo de actividad, lo mejor es acudir a una empresa externa”. La administración pública, remarca, “hay cosas que no sabe gestionar, como ha quedado demostrado en la sociedad municipal de vivienda”. Antes de licitar de nuevo la explotación de la red, considera, sin embargo, que “hay que revisar el pliego de condiciones”. Su opinión sobre la calidad del servicio, en cambio, es diametralmente opuesta a la de C’s: “No tenemos un servicio de autobús digno como consecuencia de lo mal que el equipo de gobierno ha hecho las cosas estos dos últimos años”, sostiene.
Valoración conjunta
En una posición intermedia está ERC-MES. El concejal Carles Caballero cree que lo primero que debería hacerse es crear una comisión con técnicos y representantes de todos los grupos políticos para ver los pros y contras de los distintos modelos de gestión. Este grupo de trabajo es necesario partiendo de la premisa de que “el gobierno es incapaz de tomar decisiones, tiene miedo a decidir”, critica Caballero. ERC-MES cree que con la gestión del autobús debería repetirse el modus operandi del caso del agua, que es tratarlo como un tema de ciudad y constituir un grupo de trabajo donde todos los partidos tengan acceso a la información, aunque antes, subraya, el bipartito “debería dejar claro” cual es la opción que defiende.
