El alcalde, Jordi Ballart, pidió a las entidades bancarias que no se levanten de los espacios de negociación que se habían creado gracias a la ley 24/2015 contra los desahucios y la pobreza energética a pesar de que la norma se encuentra parcialmente suspendida debido al recurso ante el Tribunal Constitucional interpuesto por el Gobierno.
Ballart considera que la norma catalana, aprobada en el mes de julio de 2015, había demostrado que “es posible llegar a acuerdos con los bancos por la vía del diálogo” y pide a estos “que mantengan el espíritu de la normativa” pese a estar impugnada. El alcalde pone como ejemplo el caso de Terrassa. Gracias a la ley antidesaucios se han iniciado seis expedientes de cesión obligatoria de pisos vacíos, pero a raíz de la presión ejercida se han abierto nuevos canales de comunicación con los bancos que han dado como fruto 130 cesiones voluntarias de inmuebles. Por este motivo, el primer edil apela a la “sensibilidad” de las entidades financieras: “Esperamos que no se levanten de la mesa y que sigamos negociando porque el derecho a la vivienda y la dignidad de las personas debe pasar por encima de todo”, sostiene.
Ballart hizo estas declaraciones tras asistir a una concentración de más de 40 alcaldes ante la Delegación del Gobierno para expresar la unidad de acción del mundo local contra la suspensión parcial de la ley 24/2015.
Aplicar la ley de 2007
El primer edil se mostró dispuesto a aplicar la ley exprés que en breve aprobará la Generalitat para sortear los artículos suspendidos por el TC, según se acordó en la cumbre del martes sobre emergencia habitacional y pobreza energética. Igualmente, pidió al Govern que agilice la firma de los convenios con las empresas suministradoras para constituir un fondo social que costee los servicios básicos a las familias que no pueden pagar y evite así el corte de la luz, el agua o el gas. Además, también señaló que si bien la ley 24/2015 está impugnada parcialmente, existen otros instrumentos legales, como la Llei pel Dret a l’Habitatge de 2007, que permiten imponer multas a bancos con pisos vacíos, como viene haciendo el Ayuntamiento.
Los grupos municipales del PSC, CiU, TeC, ERC-MES y CUP emitieron ayer un comunicado para reiterar que Terrassa “continuará en la búsqueda de soluciones para afrontar el grave problema de pérdida y de falta de vivienda”. Los cinco grupos apoyan la redacción de una nueva ley que sortee el recurso del Gobierno y aseguran que el Ayuntamiento “garantizará los derechos de las personas más vulnerables”.
