Las administraciones no desobedecen leyes, sino que protegen los derechos de los ciudadanos”. Con esta premisa, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) reclama a la Generalitat y a los ayuntamientos “que se pongan a trabajar de inmediato para generar nuevos instrumentos que permitan proteger a la ciudadanía” y sortear así la suspensión de la Ley 24/2015 sobre emergencia habitacional y contra la pobreza energética. Se trata de la ley catalana impugnada el viernes por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional.
Guillem Domingo, una de las voces de la PAH en Terrassa, comenta que “están muy bien las proclamas de indignación y de desobediencia de los políticos”, pero reclama “no entretenerse en debates estériles y ponerse a trabajar”. Si las administraciones quieren desobedecer, comenta, “que se vengan con la PAH a ocupar oficinas bancarias y a parar desahucios”, pero “lo que realmente tienen que hacer es no utilizar la impugnación como una excusa para que los derechos de los ciudadanos queden desprotegidos”.
La PAH ha reaccionado a la decisión del Gobierno elaborando una hoja de ruta con las acciones que deberían tomarse de manera “urgente”, que incluyen tanto “nuevos instrumentos como los ya existentes que no se utilizan”. El documento será presentado hoy en la cumbre que se celebra en la Generalitat entre el president Carles Puigdemont, las entidades impulsoras de la ley y varios alcaldes, entre los que está el de Terrassa, Jordi Ballart.
La primera medida es recordar que la suspensión afecta a gran parte del articulado sobre desahucios, pero que continúan vigentes los artículos que hacen referencia a la obligación de la Administración de garantizar un realojo adecuado a quien sufre un lanzamiento y también proporcionar ayudas para evitar la expulsión de quienes residen de alquiler en pisos de pequeños propietarios. Todo el apartado sobre pobreza energética, para evitar cortes de suministro, sigue vigente, señala la PAH.
En cambio, la suspensión cautelar acaba con la obligación de los grandes tenedores de vivienda (bancos, principalmente) de ofrecer un alquiler social en caso de ejecución hipotecaria o impago del alquiler y también deja en el aire la posibilidad de obligar directamente a las entidades financieras a ceder sus viviendas vacías.
Una ola de casos nuevos
Esta situación, pronostica Domingo, supondrá “un aumento de los desahucios” en los próximos meses. “Si no podemos parar desahucios ni movilizar el parque de vivienda de los bancos por cesión obligatoria, sufriremos una ola de casos en breve”, afirma. Para evitarlo, la PAH reclama a las administraciones “un plan de movilización urgente de vivienda social de alquiler”. Ahora, “más que nunca”, señala Domingo, “hay que ampliar” el parque público de vivienda. “Todos los ayuntamientos deberían estar elaborando ya su propio programa para ofrecer una solución a los problemas habitacionales”, sostiene. La PAH estima que harían falta 16 mil pisos al año para dar respuesta al número de desahucios anuales. No en vano, Catalunya ha copado el 15% de todos los lanzamientos ejecutados en España en los últimos siete años. En 2015, se produjeron 15.557 desahucios, a razón de 43 al día. En el caso de Terrassa, según estimaciones de la PAH local, se producen alrededor de tres desahucios diarios.
Esta medida no es la única que pueden impulsar las administraciones para hacerse con un parque de viviendas sociales, considera la PAH. La herramienta ya está inventada. Se trata de la Llei pel Dret a l’Habitatge de 2007, mediante la cual, los ayuntamientos pueden movilizar los pisos vacíos a través de la imposición de multas, como viene haciendo Terrassa. “La mayoría de ayuntamientos -critica Domingo- no han utilizado esta ley que ya preserva el derecho a la vivienda”. Al amparo de esta norma, insiste la PAH, debería realizarse un censo para detectar todos los inmuebles que no están cumpliendo su función social. Otro aspecto de esta normativa que tampoco se está aplicando es la posibilidad de expropiar o adquirir el uso temporal de las viviendas en mal estado de conservación.
Las entidades sociales impulsoras de la ley suspendida -PAH, Observatori Desc y Aliança contra la Pobresa Energètica- sostienen que es “imprescindible” aumentar la partida presupuestaria destinada a las ayudas para pagar el alquiler en el caso de que el inmueble sea de un propietario particular y evitar así el desahucio; un apartado de la ley 24/2015 que no se ha recurrido.
En cuanto a los artículos sobre pobreza energética, que siguen vigentes, las asociaciones reclaman, entre otros aspectos, que se suscriban los convenios con las suministradoras para que hagan las aportaciones a fondo perdido que marca la norma para ayudar a las familias que no pueden pagar los servicios básicos.
