La Audiencia Provincial prevé celebrar hoy otro juicio a un terrassense acusado de recibir cocaína por correo con la intención de traficar con ella. Ayer, el tribunal barcelonés juzgó a otro vecino de Terrassa que se sentó en el banquillo por el mismo motivo. Las analogías son muchas: ambos bultos llegaron por vía aérea a Madrid, ambos siguieron su itinerario con vigilancia policial y ambos contenían ropa de bebé, y algo más.
El caso a juzgar hoy arranca del 2010. El 30 de septiembre de ese año, fue detectado un paquete sospechoso en el almacén de depósito de Correos del aeropuerto Madrid-Barajas. Lo pasaron por rayos X y unos funcionarios de vigilancia aduanera vieron una densidad "compatible con sustancias estupefacientes", dice el fiscal.
Un juzgado autorizó la entrega controlada del envío, y el 13 de octubre una persona acudió a la oficina de Correos de la avenida de Àngel Sallent para recoger la mercancía. El acusado le había encargado la recogida a esa persona, según explica el Ministerio Fiscal; incluso le facilitó un permiso escrito junto al aviso de Correos dejado en el domicilio de destino.
Un juzgado de instrucción de Terrassa tuteló la apertura del paquete. Dentro había, dice el fiscal, ropa de bebé y una caja con setenta cañas que contenían 191,1 gramos de cocaína. La coca tenía un valor de 8.400 euros. El procesado ha sido acusado de un delito contra la salud pública y el Ministerio Público pide que sea condenado a cinco años de prisión y a una multa de 25.200 euros.
Vigilancia aduanera
La acusación pública afirma que el acusado se concertó con alguien de Argentina para que desde ese país se le remitiera cocaína con el fin de venderla aquí a terceros. Ese procedimiento ha sido señalado para hoy en la sección décima de la Audiencia Provincial de Barcelona y la Fiscalía ha propuesto la comparecencia como testigos de funcionarios de vigilancia aduanera.
Ayer, la sección séptima juzgó a un terrassense de 45 años acusado por la Fiscalía del mismo delito, supuestamente cometido en circunstancias similares al anterior. La mayor diferencia radica en el tiempo transcurrido desde los hechos. Si en el procedimiento a enjuiciar hoy han pasado casi seis años desde la detección y apertura del paquete, en el asunto juzgado ayer el procesado fue detenido el 30 de noviembre pasado, días después de la localización de la ropa infantil; el procedimiento penal, pues, ha sido tramitado y juzgado en menos de cinco meses. El envío había llegado a Madrid-Barajas desde Brasil.
Al final, el reo aceptó ayer su responsabilidad y una pena de cuatro años de prisión, con la imposición de una multa de cincuenta mil euros. El Ministerio Fiscal, en su escrito de conclusiones provisionales, había solicitado una pena de seis años de cárcel con multa de 106.380 euros.
