Un tono muy duro contra los ayuntamientos corruptos fue el que empleó el economista Fernando Urruticoechea el viernes pasado durante las jornadas de preparación de la futura Auditoría municipal ciudadana sobre el agua, que se prolongaron hasta el sábado en el Centre Cívic President Macià de Sant Pere Nord. El Observatori Ciutadà Municipal y la Taula de l’Aigua organizaron el evento.
Urruticoechea, un interventor municipal (es decir, un funcionario del Estado que controla la legalidad de la gestión económica de un consistorio) ha trabajado durante más de dos décadas en varios ayuntamientos, como el de Castro Urdiales, en Cantabria, donde destapó presuntas irregularidades urbanísticas. A Terrassa llegó para hablar de "Cómo ganar la batalla del agua" (éste era el título de la conferencia), en el contexto del final de la concesión a Mina del servicio de abastecimiento de agua urbana de la ciudad, que acaba a finales de año.
"Las empresas concesionarias de servicios a menudo quieren dominar a los consistorios y que los grupos políticos que los forman estén a su merced", espetó. En su discurso, de marcado tono jurídico, Urruticoechea repasó algunas de las sentencias que han fijado las reglas en las concesiones públicas del servicio del agua en España.
Antecedentes
El interventor destacó la sentencia del Tribunal Constitucional de 1995 que calificaba este servicio "como indispensable para la vida digna". También resaltó que dos sentencias del Supremo de noviembre pasado subrayaron que las tarifas del agua son tasas, y que por tanto, como
tales, deben estar determinadas por ley. De este modo, Urruticoechea remarcó que las empresas concesionarias no pueden fijar los precios de un modo arbitrario. A su vez, el interventor indicó que el cobro de los recibos impagados se encuentra solo reservado a la autoridad pública. "En este sentido, las compañías suministradoras no pueden impulsar los cortes de agua a las familias que no pagan", apostilló.
