El grupo municipal de la CUP compareció ayer frente a la sede central del BBVA en la Rambla d’Egara para denunciar el incumplimiento del acuerdo de pleno, aprobado por unanimidad, para que el Ayuntamiento operara prioritariamente con Banca Ética. Un informe técnico municipal considera el pacto inaplicable ya que, por ley, la administración local no puede excluir a ninguna entidad financiera de una contratación de servicios municipales.
"Las leyes deberían ser la expresión de la voluntad popular, pero actualmente no lo parece", dijo ayer Maria Sirvent. La portavoz de la CUP denunció que la legislación supramunicipal que, "por cierto, sólo beneficia a los poderes económicos", se imponga a un acuerdo unánime del pleno de Terrassa y denunció "una nueva muestra de demofobia frente a la cual practicaremos la radicalidad democrática".
La CUP recuerda que ante la Ley Mordaza, que el pleno aprobó incumplir pero un informe municipal invalidó. y la retirada del busto del Rey, que se llevó a cabo hace dos semanas, "nos encontramos ante el mismo debate: Legalidad o democracia".
Son precisamente esas leyes, sostiene la CUP, "las que nos obligan a continuar depositando nuestro dinero en una bancos que venden hipotecas con cláusulas abusivas, que protagonizaron el escándalo de las preferentes y que han sido rescatados con el dinero de todos".
Recortes
La CUP reaccionó también ayer al cierre de 6 líneas de P3 en la ciudad de Terrassa el próximo curso 2016/2017. La coordinadora del grupo municipal, Sara Moya, manifestó "el rotundo rechazo de la CUP al maltrato y la ofensiva que está sufriendo la pública".
La formaciñon independentista cree que este no es un buen momento para reducir ratios en P3. Entiende que cualquier cierre de líneas antes de la preinscripción acaba beneficiando a la escuela concertada, a la que sí le está permitido reducir ratios a posteriori".
