Permitir que la Policía Local tenga potestad para multar a los conductores que aparquen en un estacionamiento reservado para personas discapacitadas, también cuando lo hagan en el párking de un centro comercial. Es el objetivo que se ha fijado la Síndica Municipal de Greuges de Terrassa, Isabel Marquès, en complicidad con el Ayuntamiento y los colectivos afectados, que ayer reclamaron más civismo a los conductores para que respeten las señales que hay en estas plazas. Fue en una rueda de prensa organizada por la entidad egarense Prou Barreres! en Parc Vallès.
El motivo de la convocatoria fue la noticia aparecida en Diari de Terrassa el sábado 27 de febrero, que explicaba que la justicia había anulado una multa que la Policía Local había impuesto en marzo de 2014 a un hombre por estacionar en un aplaza de aparcamiento reservada para minusválidos en Parc Vallès.
El conductor acudió a los tribunales, que le acabaron dando la razón. El juez argumentó que, según la Ley de Seguridad Vial y el Reglamento General de Circulación, los municipios pueden ordenar el tráfico y el estacionamiento "en las vías urbanas de su titularidad". Es decir, en plazas, calles y avenidas, pero no en un espacio privado como, en este caso, era Parc Vallès.
Marquès aseguró comprender la sentencia porque "el juez tuvo que ceñirse a la ley", pero mostró su disposición a trabajar en consonancia con los demás actores implicados "para llenar el vacío legal que se ha creado tras la decisión judicial".
Propuesta
La síndica pidió formular una propuesta en base a la ley de accesibilidad del Parlament de 2014 y a un decreto de la Generalitat de 2002 destinado a facilitar el desplazamiento de las personas con movilidad reducida, por el que los entes locales deben "velar porque se respeten las reservas de aparcamiento, públicas y privadas, estableciendo y ejecutando las correspondientes medidas sancionadoras". Marquès afirmó que "debemos comenzar a establecer esas medidas." La propuesta que se genere podría llegar a la Generalitat, e incluso al Gobierno Central, que es quien puede variar la Ley de Seguridad Vial.
Por su parte, la gerente de Parc Vallès, Núria Gándara, manifestó que hasta ahora cuando alguien aparcaba en una plaza para discapacitados sin tener permiso para hacerlo, "la Policía Municipal siempre actuaba con rapidez y tenía la autoridad sancionadora". Un aspecto que la sentencia contradice.
Como colectivo afectado, el presidente de Prou Barreres!, Joan Vila, defendió la necesidad de que existan leyes que protejan los derechos de los discapacitados "para que éstos gocen de una vida plena". En una muestra de apoyo a la reivindicación, al acto asistieron la concejal de Capacidades diversas y accesibilidad, Meritxell Lluís, y el teniente de alcalde de Territorio y Sostenibilidad, Marc Armengol.
