La Generalitat aumenta la presión sobre aquellas entidades financieras que tienen pisos vacíos. Y es que el Govern comenzó ayer a recaudar el impuesto que los bancos y otros grandes tenedores de vivienda, como los fondos de inversión, deberán pagar en el caso de que tengan pisos o casas sin inquilino alguno durante más de dos años. Siempre que ocurra sin una causa justificada. El objetivo del gravamen es que crezca el número de viviendas que pasan a engrosar la bolsa del alquiler social. Y, por tanto, que cuentan con un precio más asequible para las personas que tienen dificultades económicas y buscan dónde vivir.
El nuevo tributo, que se aplica en los 72 municipios en que existe una demanda residencial más importante (entre los que está Terrassa) supone un nuevo condicionante para los bancos con pisos vacíos. Y más después de que el propio Ayuntamiento de Barcelona haya seguido los pasos del Consistorio de Terrassa, que fue el primero de España en imponer multas a los bancos que tenían viviendas cerradas durante más de dos años. Hasta hoy, el Ayuntamiento egarense ha abierto más de 800 expedientes sancionadores a entidades financieras, de los que 370 se han archivado porque, fruto de la presión pública, en el momento de resolver el expediente, las viviendas ya se habían rehabilitado e incorporado al mercado inmobiliario.
Despliegue
Para activar el nuevo impuesto sobre las viviendas vacías, el Govern ha aprobado un reglamento que emana de la Ley 14/2015, del 21 de julio. En declaraciones a este diario, el director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, Jaume Fornt, indica que "el nuevo tributo afectará a entre ocho y nueve mil viviendas en toda Catalunya".
La administración catalana ha abierto un registro en el que, de una forma voluntaria, pueden inscribirse los bancos para proceder a autoliquidar el impuesto. De momento, en el registro hay 2.067 pisos vacíos de Terrassa a los que se aplicará el gravamen, de las cerca de 3 mil viviendas desocupadas en manos de entidades financieras que el Ayuntamiento estima que hay en la ciudad. De hecho, el Consistorio está elaborando un nuevo censo sobre la cifra exacta de viviendas vacías de las que son poseedoras los bancos. La Agència Catalana de l’Habitatge, en su nuevo registro sobre esta realidad, rebaja la cifra a un total de 2.102.
El nuevo tributo de la Generalitat es gradual. Es decir, los bancos que tengan más metros cuadros de superficie útil en los inmuebles deberán pagar más. El precio del impuesto oscila entre los diez y los treinta euros por metro cuadrado. Con la medida, el Govern prevé recaudar unos ocho millones de euros al año, que se destinarán a su vez a comprar viviendas para alquiler social. Hay, eso sí, bonificaciones al pago del tributo. "Serán mayores cuanto mayor sea el número de viviendas que los bancos hayan cedido ya para alquiler social", dice Fornt. "El impuesto no busca recaudar, sino hacer que el parque inmobiliario se mueva y haya más alquiler asequible para quien peor lo pasa", añade.
Exenciones
La propia ley contempla, sin embargo, algunas excepciones al pago del impuesto, que sólo se aplica si el banco mantiene la vivienda vacía durante más de dos años "por una causa justificada". Entre esas razones justificadas que eximen de pagar está que el piso sea objeto de un litigio judicial o que esté ocupado ilegalmente. El banco también puede alegar que la vivienda necesita rehabilitarse para tener las condiciones mínimas exigidas por la ley para vivir en ella. En este caso, el banco podrá olvidarse del impuesto durante un año, ampliable a un segundo, siempre que ponga en marcha las obras de mejora.
El deterioro que han sufrido los inmuebles que son propiedad de entidades financieras y que están cerrados desde hace años es una de las consecuencias de la crisis inmobiliaria. Así, de las 2.067 viviendas de Terrassa que están registradas para pagar el nuevo impuesto, sólo unas 600 tienen unas condiciones óptimas de habitabilidad, según l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Ello significa que hace falta llevar a cabo una inversión, hacer obras, mejoras en la vivienda, para que el piso o la casa pueda entrar en la bolsa del alquiler social. Para la concejal de Vivienda del Ayunta- miento, Lluïsa Melgares, "bienvenido sea el nuevo impuesto si es para luchar contra que haya tantas viviendas de bancos vacías".
Si bien Melgares cree que son "más eficaces" las sanciones sobre las entidades con inmuebles cerrados por más de dos años que el Consistorio egarense viene aplicando en virtud de la Llei de l’Habitatge de Catalunya. La edil indica que el bipartito seguirá con la política de imponer multas, "en base a garantizar un uso social de la vivienda", pese a que también se haya activado el nuevo impuesto.
En toda Catalunya hay casi 47 mil pisos vacíos que están en manos de entidades financieras y empresas vinculadas a éstas, según la Generalitat. De éstos, sólo un tercio, apenas 15 mil viviendas, se encuentran en unas buenas condiciones de habitabilidad.
