La plantilla de Mina Pública d’Aigües de Terrassa, formada por 125 trabajadores, exige un “compromiso explícito y real de mantenimiento de los puestos de trabajo” y que sea el pleno municipal el que apruebe una resolución en este sentido. Los trabajadores están viviendo con “inquietud”, por lo que se refiere a la preservación y las condiciones de sus empleos, el actual debate sobre el futuro modelo de gestión del agua en Terrassa, cuya concesión a la actual distribuidora acaba a finales de año. No entran a valorar cuál es la mejor solución para el servicio (si privado, público o mixto) pero inciden en que están siendo los grandes olvidados en todo este proceso. Ayer, por primera vez, hicieron oír sus voz. “Somos 125 trabajadores y tenemos familias detrás. Llevamos muchos meses de intranquilidad y no queremos quedarnos sin trabajo”, aseguró ayer Lourdes Prata, secretaria del comité de empresa.
Prata participó en una rueda de prensa, en la sede CCOO en Terrassa, en la que también intervinieron Francisco García Garrido, presidente del comité de Mina, Francesc Garcia, coordinador del sector del agua de CCOO de Catalunya, y Enrique Rodríguez Ruiz, secretario general de este sindicato en el Vallès Occidental y la Catalunya Central. Este sindicato, explicó Rodríguez, empezó ayer una ronda de reuniones que incluirá a todos los partidos con representación municipal para extraer un “compromiso más allá de una declaración de intenciones para que después no nos encontremos con sorpresas”. El objetivo es que el pleno municipal apruebe una resolución que garantice el futuro y las condiciones laborales a la plantilla. Desde la Taula de l’Aigüa, dijo Rodríguez, existe esta predisposición. Con ello, CCOO y el comité quieren adelantarse a futuros escenarios que podrían ser adversos. En este sentido, Francesc Garcia, de CCOO, explicó que si finalmente el servicio pasa a ser gestionado por el municipio de manera directa existen diversas posibilidades para que el Ayuntamiento absorba a la plantilla, y no todas garantizan los puestos de trabajo y sus actuales condiciones. CCOO y el comité optan por que el Ayuntamiento cree una sociedad mercantil con capital público (SAM), al estilo de las vigentes en Eco-Equip o Funerària, que se rigen a nivel laboral por el Estatuto de los Trabajadores. Con ello, se garantizaría el “convenio de aplicación y las modalidades contractuales. El personal continuaría prestando el servicio exactamente con las misma condiciones actuales”, dijo Garcia. Esta situación también se produciría si el servicio lo gestiona una empresa privada.
Entes instrumentales
Sin embargo, en caso de que se revierta al municipio la gestión, si el Ayuntamiento opta por absorber la plantilla como personal laboral o a través de entes instrumentales (institutos, consorcios o fundaciones), los trabajadores pasarían a regirse por Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP). “En este caso, los trabajadores perderían las condición de fijos en plantilla y también se vería cuestionada su antigüedad. Pasarían a formar parte del personal temporal”. Y es más, podrían perder su puesto de trabajo si se convocan concursos públicos para estas plazas. Francisco García, presidente del comité, añadió que la plantilla, que ha demostrado “eficacia y calidad”, necesita ahora “certezas”.
