Una veintena de miembros de la Plataforma Antidesahucios de Terrassa (PAH) se personaron ayer por la mañana en la nueva Oficina municipal de atención a la pobreza energética (Ofimape). La intención era reclamar soluciones para el caso de tres terrassenses que en el último mes han sufrido cortes en el suministro energético doméstico.
Se da la circunstancia de que el gobierno municipal no había detectado ningún caso de pobreza energética en Terrassa desde la aprobación en el Parlament, en julio pasado, de la ley 24/2015, que preveía medidas urgentes para afrontar la emergencia ciudadana en temas de vivienda y también de pobreza energética.
Uno de los casos es el de Mónica Cazorla, vecina de Can Parellada de 25 años, que explica que la compañía Endesa le cortó la luz hace un mes. Mónica, que negocia con el banco un alquiler social porque no puede hacer frente al pago de la hipoteca, tiene una hija de ocho años.
Los otros dos casos, de Yolanda Latorre (de 44 años y vecina de Sant Pere Nord) y Patricia Giménez (de 33 años, de Sant Llorenç) guardan similitudes entre sí. Ambas entraron a vivir con los suyos en sendos pisos que son propiedad de bancos, tras no poder abonar los pagos correspondientes a sus antiguos domicilios. Las dos explican que Mina les cortó el agua el martes pasado. Si bien ayer mismo, después de la acción de la plataforma (que también acudió a la sede de la empresa en la calle de la Societat) tuvieron de nuevo agua después de que Mina les restableciera el servicio tras haber detectado "algún error administrativo" que había llevado a que se produjera el corte.
Desde el Consistorio, el concejal de Servicios Sociales, Noel Duque, reiteró ayer "que el Ayuntamiento está con las personas y contra los cortes energéticos en cualquier caso" y avanzó que ha pedido información a Endesa sobre los motivos por los que se ha producido el mencionado corte de luz.
Aviso previo
El edil aclaró, sin entrar en casos concretos, que "una compañía no puede cortar suministros sin contactar antes con los servicios sociales del Ayuntamiento. Y que no puede dejar sin luz a familias que están en una situación de vulnerabilidad". Duque no descartó tomar medidas sancionadoras contra la compañía, si analizado el caso de Mónica Cazorla, se demuestra que la empresa ha incumplido la ley -un extremo aún por confirmar-. Mientras, fuentes de Endesa concretaron que estudiarán el caso de Mónica y añadieron que trabajan "codo a codo" con los servicios sociales de todos los Ayuntamientos. A su vez, el concejal Noel Duque también recordó que el gobierno local tiene un acuerdo con Mina por el que la empresa se comprometió a no llevar a cabo cortes de agua, incluso en aquellos domicilios ocupados. "A menos de que haya peligro de inundaciones o de daños en la red de tuberías", apostilló. Un protocolo que Mina ratificó ayer, al tiempo que aclaró que "no corta el agua a ningún cliente" en situación de vulnerabilidad.
