La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Terrassa ha llevado a cabo esta mañana una acción de denuncia de tres cortes de suministro energético en la ciudad, que son los primeros de los que el gobierno municipal tiene constancia desde que el Parlament aprobó en julio la Ley 24/2015 sobre medidas urgentes destinadas a afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética.
A primera hora de la mañana, una veintena de miembros de la plataforma social se han personado en la recién creada Ofimape, la oficina desde la que el Ayuntamiento pretende gestionar los casos de personas que corren el riesgo de sufrir la llamada pobreza energética.
Uno de los casos que la Plataforma ha hecho públicos es el de Mónica Cazorla, una joven de 25 años residente en Can Parellada, que ha expuesto que está sin luz desde hace un mes a causa de un corte en el suministro por parte de Endesa. Mónica, que tiene una hija de ocho años, está negociando un alquiler social con el banco con el que acordó la hipoteca de su vivienda, a cuyos pagos no puede hacer frente.
Los otros dos casos explicitados hoy son los de Yolanda Latorre, una vecina de Sant Pere Nord de 44 años, y Patricia Giménez, de 33 (Sant Llorenç). Ambas entraron a vivir en sendos pisos que eran propiedad de entidades financieras y explican que ayer, sin previo aviso, la empresa Mina les cortó el suministro de agua.
El concejal de Servicios Sociales, Noel Duque, se compromete a saber por qué motivo se ha producido el corte en la vivienda de cada una de estas familias. Duque recuerda que las compañías suministradoras de luz, agua y gas “están obligadas a comunicarse con el Ayuntamiento antes de realizar un corte de abastecimiento.”
“En el caso de Mónica Cazorla, la empresa no se ha comunicado con nosotros. Tenemos que acabar de estudiar qué ha ocurrido, pero si vemos que la compañía ha incumplido la ley, tomaremos las medidas legales necesarias”, afirma Duque, en relación a la apertura de posibles expedientes sancionadores, una posibilidad que el gobierno municipal ya ha recordado en varias ocasiones que la ley contempla.
Para los casos de Yolanda Latorre y Patricia Giménez, Duque anuncia que se pondrá en contacto con Mina a fin de que la compañía explique a qué se deben los cortes en el suministro de agua. El concejal recuerda que “Mina se comprometió a no llevar a cabo cortes en el abastecimiento ni tan siquiera en pisos que se encuentran ocupados por familias que no han podido hacer frente al pago de su hipoteca o alquiler, a no ser que exista algún riesgo en la infraestructura que transporta el agua hasta los hogares.”
