La demanda por injurias presentada por un grupo de policías municipales contra la portavoz municipal de la CUP regresa el jueves al pleno. Los grupos políticos libran estos días un intenso debate sobre el derecho a la libertad de expresión -especialmente en los espacios de deliberación política-, sobre el nuevo modelo policial de Terrassa y en torno a la defensa de los cuerpos de seguridad.
El tema ha ocupado parte de la junta de portavoces previa al pleno, en la que se han visto hasta cuatro propuestas distintas sobre el asunto. Dos de ellas perseguían un acuerdo de los portavoces que no logró la unanimidad.
La primera la formula el grupo municipal de Ciutadans, una “propuesta de mínimos”, según reconoce la formación, que sólo ha conseguido el apoyo del PSC, CiU y el PP. La secunda una mayoría del pleno (16 sobre 27), pero no ha logrado la unanimidad que garantiza la lectura del documento en sesión plenaria.
El texto, sin embargo, se verá en el salón de plenos el jueves. C,s ha decidido reconvertir el acuerdo de junta en propuesta de resolución para asegurarse la exposición pública y escenificar el apoyo explícito al cuerpo policial. Para ello contara con la complicidad del gobierno.
Los socios PSC y CiU han presentado una propuesta de resolución en la que hacen un reconocimiento público a la labor de la Policía Municipal, avanzan el nuevo plan director de la policía como un modelo de transparencia y apuestan por la coexistencia del derecho a la libertad de expresión y la seguridad ciudadana. Si las negociaciones fructifican , el ejecutivo y Ciutadans podrían transaccionar sus propuestas y acudir con un solo documento a pleno, que en este espinoso debate podría acabar configurándose en dos bloques.
La segunda propuesta a la junta de portavoces partía de Terrassa en Comú y ponía sobre la mesa tres acuerdos: que el pleno y el resto de órganos colegiados sean espacios de debate en libertad de expresión; que la mediación se imponga como mecanismo para evitar la judicialización de la política; y un apoyo explícito a cualquier concejal que se enfrente a una demanda por sus intervenciones en el pleno “en ejercicio de su libertad y competencias”.
El documento solo ha contado a con el apoyo de los tres concejales de ERC y el de la portavoz de la CUP, de manera que no ha prosperado. Ayer, Xavi Matilla adelantaba la decisión de su grupo de retirar la propuesta antes que devaluarla. “La transacción que nos ha propuesto el gobierno prácticamente es una moción de retorno que no podemos aceptar, Descafeinarla no tiene sentido -dijo-, de manera que no la llevaremos al pleno”.
Sea como fuere, el debate en sesión plenaria está garantizado. La propia CUP se ha encargado de asegurarse de ello con una moción que propone que la ciudadanía participe en la definición del nuevo modelo policial de Terrassa.
