La Agència de l’ Habitatge de Catalunya y Càritas Diocesana de Barcelona, de Terrassa y de Sant Feliu de Llobregat han firmado un convenio para coordinar la atención a las personas que han perdido su vivienda a consecuencia de un proceso de desahucio o de ejecución hipotecaria. El acuerdo establece que la agencia cederá a Càritas la gestión y el uso de viviendas del parque público para que la entidad pueda realojar a personas sin vivienda o familias que han sido desahuciadas y que se han dirigido a sus servicios.
El convenio ha sido calificado de muy positivo por Càritas Diocesana de Terrassa. Salvador Obiols, director general de esta entidad, ha manifestado que “el nuevo acuerdo significa un cambio importante en la medida que nos otorga más capacidad para gestionar la demanda de vivienda social”. En este sentido explicó que hasta ahora la Agència de l’ Habitatge cedía viviendas a Càritas pero los adjudicatarios debían abonar un alquiler social que oscilaba entre los doscientos y trescientos euros al mes. ¿Qué sucedía? Pues que, en la mayoría de los casos, Càritas debía sufragar esta cantidad en gran parte o en su totalidad porque los inquilinos no podían hacer frente a la misma. Con este acuerdo, este parque de viviendas de la administración de la Generalitat tendrá un coste cero. Es decir que Càritas las recibirá por igual y las gestionará directamente dando cuenta eso sí a la agencia. El director general de Càritas Diocesana de Terrassa explicó que “ahora nosotros podremos fijar el importe del alquiler social. Puede ser una cuantía simbólica de 50, 60, 70 euros al mes pero también doscientos o trescientos euros. Todo depende del nivel de renta de la persona o de la familia. Pero, al menos, será de acorde con el beneficiario. No sirve de nada poner un alquiler de doscientos euros, por ejemplo, si al final la familia no lo puede pagar y es Càritas quien debe hacerlo. De ese modo nos podemos ajustar a cada realidad y reorganizar los recursos”.
Càritas Diocesana en Terrassa dispone de un parque de vivienda social que oscila entre las treinta o cuarenta unidades. Este parque se nutre de la iglesia, particulares y de la Agència de l’Habitatge. Obiols indica que estas viviendas son para una emergencia. “Las familias que atendemos son los que están en el último puesto de la cola pero hay que procurar que salgan del bache. Y el mayor incentivo para ello es un empleo”. Es por ello que Càritas puso en marcha una empresa de inserción laboral. “Muchas personas que atendemos de 45 a 50 años están en paro y no encuentran trabajo. Hay que hacer todo lo posible para que lo tengan y puedan lograr una estabilidad”, añadió.
Regreso
Càritas Diocesana de Terrassa atendió en 2015 a unas 78 mil personas, una cifra similar a la del año anterior. Obiols indica también que hay personas que un día dejaron el servicio pero que se han visto obligados a regresar. Al respecto se remite a que tener un empleo no es sinónimo de salir de la pobreza “Un sueldo de 655/680 euros al mes, como está aprobado, no da para casi nada. Ni que trabajen los dos miembros de la familia no se pueden cubrir gastos y hay que ayudar a estas familias (normalmente de cuatro miembros) en la provisión de comida o en el pago de facturas”.
El director general recuerda que “hace cinco años hablábamos de los mil euristas (los trabajadores con un sueldo de mil euros al mes) y decíamos que este era un salario insuficiente para sostenerse. Nos tirábamos de los pelos. Pues, bien, ahora habría muchísimas personas que ya querrían cobrar mil euros al mes porque las condiciones actuales de trabajo, si sale, son mucho más precarias”, lamentó.
LA CIFRA
78 mil. Es el número aproximado de personas que atendió la diocésis en 2015. La diocésis engloba 54 municipios, 123 parroquias y 1,3 millones de personas. Càritas alerta que hay gente que regresa a la entidad debido a la precariedad laboral
