El próximo 22 de enero Maria Sirvent, portavoz municipal de las Candidatures d’Unitat Popular (CUP) en el Ayuntamiento de Terrassa, comparecerá ante la Justicia en un hecho sin precedentes en la ciudad, donde nunca antes funcionarios municipales habían llevado a los tribunales a un cargo electo.
Quince policías municipales han presentado una demanda contra la concejal, a la que acusan de calumnias e injurias durante el pleno del pasado mes de julio. En esa sesión plenaria, el grupo municipal de la CUP pidió la disolución del Grupo de Intervención de la Policía Municipal, antes Grupo de Intervención Especial (GIE), al que atribuyó una “función de represión política”.
El acto de conciliación previo a la presentación de la querella tendrá lugar dentro de dos semanas en el juzgado de primera instancia número 8 de Terrassa. Al mismo han sido citados también los agentes demandantes, que emprenden la denuncia a titulo personal, sin el apoyo explícito ni del cuerpo de Policía Municipal de Terrassa ni del propio Ayuntamiento.
Ataque al honor
En la demanda, los policías detallan hasta ocho intervenciones de Maria Sirvent en el pleno de Julio. Entre ellas, varias en las que la concejal pedía una policía de proximidad “y no de control y persecución de los movimientos sociales”, y en las que criticaba la “opacidad” informativa sobre el GIE y reclamaba la revisión del modelo policial y de su “clara función de represión política de grupo antidisturbios”.
La CUP, que llevaba en su programa electoral la disolución del Grupo de Intervención, mencionó en el pleno varios casos que los agentes incluyen en su escrito de denuncia. Entre ellos, la agresión a “un compañero que acabó con la costilla rota”, y la muerte de Johnatan del Castillo, en la que sostienen que los agentes “han sido absueltos por la presunción de inocencia, que funciona en unos casos y en otros no”. Sirvent también mencionó a la reducción de un joven “por motivos de estética ocupa y antisistema”.
Los agentes entienden que la CUP intervino en el pleno “con el único fin de socavar, desacreditar y desprestigiar el honor y la reputación” de los demandantes, en lo que supone “un ejercicio desmesurado, lacerante y exorbitante de la libertad de expresión” dicen, y bajo “el soslayo de una pretendida actividad política y el supuesto legítimo derecho a la crítica”.
Los policías sostienenen que Maria Sirvent cometió el pasado julio “injurias y calumnias” contra el Grupo de Intervención y esperan que los tribunales les den la razón. Antes de recurrir a la Justicia, los agentes han elevado su protesta a la alcaldía de Terrassa.
Un debate de calado
La propuesta de resolución de la CUP pidiendo la disolución del GIE no prosperó en el pleno de julio, pero la iniciativa abrió un debate de calado que aún sigue pendiente en la ciudad. En verano, el equipo de gobierno rechazó la propuesta “cupera”, pero anunció una revisión del modelo policial que el ejecutivo de Jordi Ballart tiene sobre la mesa.
Ayer, Maria Sirvent aseguraba que “la demanda no nos frenará”, y añadió “espero que tampoco condicione el compromiso del gobierno”.
Tras el pleno de julio, la iniciativa y el discurso de la CUP dieron lugar a una campaña de críticas y descalificaciones personales que en muchos casos tuvieron como objetivo la propia María Sirvent. Hace unas semanas, el letrado Joan Tamayo, del Observatori dels Drets Socials, alzaba la voz contra esos ataques y animaba a afrontar un debate “valiente, abierto a toda la ciudadanía” sobre el futuro de la Policía Municipal.
De hecho, no solo la CUP propone una revisión del modelo policial. Varios Síndics de Greuges, entre ellos la Síndica de Terrassa, abrían recientemente un debate jurídico sobre el principio de veracidad de la policía. La iniciativa cuenta con el aval de varios catedráticos de la UAB y de varios colectivos como Jutges per a la Democràcia.
En Terrassa, la síndica Isabel Marquès ha intentado con éxito incorporar nuevas garantías a la praxis policial. Recientemente ha propuesto, y acordado con Policía Municipal, el impulso de un código de buenas prácticas, una herramienta destinada a dar mayor seguridad jurídica a los ciudadanos y también a los agentes.
La demanda contra la portavoz de la CUP abre ahora un nuevo capítulo en el debate sobre el modelo policial en Terrassa. La formación política ya advirtió el pasado mes de julio que la disolución del Grupo de Intervención de la Policía Municipal es uno de sus compromisos electorales y que, pese a que su primera propuesta fracasó en el pleno de julio, el partido no desistirá en su empeño “durante todo el mandato”, advirtió Maria Sirvent.
