El presupuesto municipal aprobado el jueves 22 de diciembre incorpora nuevos criterios de contratación pública. La medida, impulsada por la CUP, da un giro a las bases de contratación de los proveedores municipales y suma criterios de equidad, justicia social, garantías laborales y apuesta por el comercio justo.
El paquete de cláusulas sociales es aplicable a las nuevas licitaciones, en las que las empresas candidatas deberán cumplir nuevos requisitos. La CUP retiró la moción en noviembre para negociar la incorporación de sus propuestas en los presupuestos de 2016.
En la oferta, los aspirantes a proveedores municipales deberán presentar un plan de igualdad entre hombres y mujeres, un protocolo contra el acoso sexual y medidas para la conciliación laboral y familiar. En caso de nuevas contrataciones, los aspirantes también deberán potenciar la ocupación femenina en aquellos sectores con menor presencia de mujeres y contratar a más mujeres en cargos de responsabilidad.
Las condiciones laborales de los trabajadores están en el núcleo de la propuesta de la CUP, que incorpora una cláusula que valora positivamente la calidad de los contratos y las condiciones de trabajo, especialmente la conversión de temporales a fijos y los aumentos de plantilla. Una de las condiciones más relevantes a nivel laboral es la obligación que tendrán todos los contratistas de no reducir jornada ni salario a la plantilla durante la prestación del contrato con el Ayuntamiento de Terrassa.
Con el objetivo de potenciar la economía social y alternativa, frente a un contexto empresarial mermado de ofertas de empleo de calidad, los concursos municipales potenciarán la contratación de empresas cooperativas. Las convencionales, y también en la línea de los centros especiales de trabajo (CET), empresas que aseguran un empleo remunerado a personas con discapacidad (70% de la plantilla) y garantizan su integración.
Alimentos frescos
En el ámbito medioambiental, la moción incorpora una cláusula verde a los concursos, en los que se valorará la minimización de residuos y la eficiencia energética. También una vinculada al comercio justo, que contempla el pago de un precio mínimo al productor.
Al hilo de la polémica generada en la concesión de un nuevo servicio de comedor escolar en la ciudad, la CUP introduce una cláusula que valorará la utilización de alimentos frescos y de temporada, ecológicos y con denominación de origen (DO) o registro de indicación geográfica protegida (IGP). La adjudicación a la empresa Serhs ha sido recurrida por una de las empresas aspirantes y cuestionada por la oposición municipal, que acusa al gobierno de priorizar la subvención de 500 becas comedor por encima de la calidad alimentaria.
