El Observatori dels Drets Socials de Terrassa organizó el jueves por la tarde en la Masia Freixa una mesa redonda para analizar la situación de emergencia social que sufre la ciudad con la presencia de los representantes de los siete partidos políticos que conforman el Ayuntamiento y la ciudadanía.
El abogado y activista por los derechos sociales Joan Tamayo, que ejerció como moderador del acto, destacó que a su entender "se está haciendo todo lo posible pero los recursos son insuficientes, y por tanto se está dejando de la mano a muchísima gente. Vivienda, pobreza infantil, pobreza energética, salud, sanidad, enseñanza… en todos estos derechos hay muchas carencias y es una situación que nos preocupa mucho".
Todas estas preocupaciones fueron las que llevaron a organizar este acto, en el que las siete formaciones analizaron la situación actual de la localidad y todas coincidieron en que en Terrassa hay un problema en cuanto a la emergencia social grave.
Así, Isaac Albert de ERC destacó que se trata de una crisis global que en Terrassa tiene características estructurales que la crisis económica lo único que hizo fue poner en evidencia, una afirmación que respaldó Maria Ángeles Peinado, del PP. El concejal de Servicios Sociales, Noel Duque, respondió que sería absurdo negar que hace tiempo que se sabe que hay desigualdades y que ahora con la crisis la situación de emergencia ha empeorado, con aproximadamente 40 mil personas en riesgo de pobreza y exclusión social. Y destacó que la vivienda y los suministros son dos temas de vital importancia, una cuestión con lo que estuvo de acuerdo Miquel Sàmper, de CDC.
Para la CUP, eta situación representa una "vulneración flagrante" según palabras de Roc Padró que viene de la perdida del Estado del Bienestar y de la polarización de la sociedad derivada de una distribución muy desigual de la riqueza. En cambio según Gabriel Martínez, de Terrassa en Comú, el problema es que los derechos fundamentales siguen apareciendo como derechos débiles, y se debe tener en cuenta que éstos van más allá de lo económico, pues también tratan de educación, trabajo o justicia.
No obstante, cuando se les animó a apuntar un esbozo de solución, la tarea no fue tan sencilla, especialmente por el poco tiempo del que disponían y por la diversidad de puntos de vista. Mientras que para el PP se debe empezar por facilitar la formación, para Ciutadans no se puede hacer nada sin garantizar la creación de empleo. En cambio, CUP y TeC defendieron por encima de todo la participación "real y vinculante" de la ciudadanía y TeC fue un paso más allá al pedir la cobertura de las necesidades básicas de todos los egarenses. Noel Duque, del PSC, defendió la idea de hacer propuestas "aplicables" y por tanto la necesidad de hacer estudios antes de proponer soluciones, y abogó por la necesidad de vaciar los servicios sociales como clave para superar la crisis de emergencia social, cambiando las ayudas por sueldos. Por su parte, Miquel Sàmper (CDC) apuntó que la de Duque era una muy buena idea y también abogó por la creación de un "empleo digno", pues dijo que "con una promoción económica que generase ocupación los derechos sociales no estarían tan maltrechos como ahora". En cambio, Isaac Albert (ERC) no apuntó ninguna medida en concreto.
Lucha conjunta
Una de las cuestiones que no dio tiempo a debatir en profundidad fue la creación de un pacto entre los partidos políticos y la ciudadanía para aunar fuerzas e ir en la misma dirección en la lucha para garantizar los derechos sociales de todos los terrasenses. Una cuestión que pareció que se apoyaba desde todas las formaciones políticas con representación en el consistorio. Desde el equipo de gobierno se ve como algo muy positivo y es "sinónimo de éxito porque significa acercar posturas para llegar a un acuerdo" según palabras del convergente Miquel Sàmper.
