Los estatutos de la entidad "limitaban su objeto a actividades culturales inofensivas de estudio, reflexión y divulgación científica en torno al uso del cannabis y sus propiedades naturales", y a la vista de tales estatutos la Generalitat inscribió a la asociación en un registro oficial. Pero resultó, según el fiscal, que en el local de la entidad "se produjo la venta indiscriminada de marihuana y hachís". Y, según el fiscal, los responsables de la asociación son autores no de un delito, sino de dos: contra la salud pública y de asociación ilícita. Formalizó acusación contra cuatro personas. Para dos pide penas de cinco años y seis meses de prisión. Para otros dos, cuatro años y seis meses.
La asociación cannábica fue constituida el 18 de julio del 2009 en Ca n’Aurell. Y el 12 de noviembre la Generalitat dispuso su inscripción en el registro oficial de entidades, dado el contenido inocuo de los estatutos, que subrayaban como objeto de la asociación el estudio sobre el cáñamo. Para el Ministerio Fiscal, empero, en el local se vendía maría y chocolate a los consumidores.
¿Cómo? Siempre según la acusación pública, quienes adquirían la hierba "fueron previamente asociados en cada caso con un simple trámite privado por anotación de sus datos personales en el registro privado de la entidad", donde les expedían carnés acreditativos y a la que pagaban cuotas anuales de treinta euros. Y a partir de su inscripción, añade el fiscal, el socio "retiraba cantidades de entre dos y cinco gramos al día en bolsitas de marihuana que compraba por precio de entre tres y seis euros el gramo". Y de esta manera, los procesados "abastecían por tal procedimiento a un total aproximado de 1.500 personas de los llamados socios", agrega el Ministerio Público. La droga era suministrada a la entidad por "ignorados proveedores".
Y, al parecer, hubo quejas vecinales, y los Mossos d’Esquadra comprobaron, entre octubre del 2010 y junio del 2011, "la constante afluencia de personas al local", individuos que retiraban la marihuana y se marchaban de forma sigilosa. No obstante las precauciones, los mossos aprehendieron sustancia a quienes salían del local, una práctica indagatoria habitual en casos de presunta comercialización de drogas: la policía vigila las inmediaciones del lugar donde, se presume, hay menudeo de sustancias e identifica a los compradores, y levanta actas de aprehensión con las sustancias confiscadas.
Asociación ilícita
El fiscal refiere, cuando menos, siete intervenciones a otros tantos consumidores durante la investigación que buscaba cercar a los responsables del club cannábico.
En resumen, el representante del Ministerio Público considera a cada uno de los cuatro acusados culpable de un delito contra la salud pública y de otro de asociación ilícita. Por esta segunda infracción penal solicita más pena (tres años) para dos inculpados porque eran, respectivamente, presidente-fundador y fundador, mientras que los otros dos son señalados como "miembros activos" y deben ser castigados, según la acusación, a dos años de cárcel. Por el delito contra la salud pública reclama dos años y seis meses de prisión. Para todos por igual, además, 8.200 euros de multa individual.
