Ocho patronales del sector sociosanitario, farmacéutico y de la dependencia, catalanas y estatales, han denunciado hoy la “situación límite” en la que se encuentran ante los impagos de la Generalitat y del Estado, que podría llevarlos a no poder afrontar nóminas de sus trabajadores.
En una rueda de prensa conjunta en la sede de PIMEC en Barcelona, los representantes de los sectores sanitarios han afirmado que la deuda de la administración con ellos podría ascender a “más de 2.000 millones de euros”, aunque se trata de “una cifra difusa, teniendo en cuenta los intereses y los gastos asociados a estos impagos”.
La presidenta de la Asociación Catalana de Entidades de Salud (ACES), Cristina Contel, ha asegurado que la deuda acumulada de las administraciones en los meses de junio a noviembre con los centros sanitarios privados es de “unos 1.500 millones de euros, a razón de 380 al mes”, lo que afecta a “60.000 trabajadores”.
Contel ha revelado que en una reunión ayer entre la ACES con el Departamento de Economía catalán, la Generalitat afirmó que la partida extraordinaria del FLA para afrontar los pagos sanitarios no llegará hasta diciembre, de modo que tampoco podrán pagar lo correspondiente a este mes de noviembre.
Con todo, y según ha manifestado Contel, Economía ha aceptado estudiar casos con dificultades “graves” para buscarles una salida desde el mismo Departamento, por lo que la presidenta de ACES ha pedido a aquellos centros que se lo puedan permitir “que aguanten un poco más”.
En el caso de las farmacias, el presidente del Consejo de Colegios Farmacéuticos de Cataluña, Jordi Dalmases, ha recordado que la deuda global de la Generalitat con el sector es de 340 millones.
El presidente de PIMEC, Josep González, ha reivindicado el “grito de atención” de las patronales tanto al gobierno catalán como al central para que encuentren “una solución urgente a una situación de quiebra que pone en peligro miles de puestos de trabajo, así como el derecho a la salud de todos los ciudadanos”.
El presidente de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha resaltado que “no se entiende que en un momento en que las recaudaciones por impuestos del estado han subido” los plazos de pago a estructuras sanitarias “estén empeorando”.
En cuanto a estos impagos “se trata de una cuestión estructural, ya que se repite des de hace 4 años”, en la que “un riesgo de la administración se pone en manos de los profesionales sanitarios”, ha reiterado Dalmases, quien ha pedido que “se cambie una estructura de modelo de financiación que está en crisis”.
El presidente de la Federación de Asociaciones de Farmacias de Cataluña (FEFAC), Antoni Torres, ha señalado que las farmacias “no tienen suficiente capacidad económica ante una situación excepcional como la actual”, y que éstas se plantean el dilema de “cumplir socialmente y dar medicamentos como toca, pero arruinarse”.
En ese sentido, Torres ha subrayado que “el gasto público en medicamentos en Cataluña se ha reducido en un 27 % en los últimos cinco años”, lo que ha llevado a que “casi uno de cada 2 euros de recorte en gasto de salud” lo hayan aportado las farmacias.
Para el vicepresidente de la Federación Española de Distribuidores Farmacéuticos (FEDIFAR), Vicenç Calduch, “hay que responsabilizar a quien toca de esta cronificación agravante de los últimos años en el sector, que provoca un sufrimiento profesional que llega también a la salud diaria de la gente”.
Desde la Unión de Pequeñas y Medianas Residencias (UPIMIR), su presidente, Vicente Botella, ha expuesto que en su caso “la deuda del Estado es hacia los padres y abuelos de nuestra sociedad” y que respecto a ésta “no es importante el debate entre Madrid y Barcelona, sino que el dependiente pueda subsistir y vivir en paz”.
El presidente de la Federación Española de Técnicos Ortopédicos (FETOR), Santiago Maza, ha remarcado que “el pasado 5 de octubre el sector ya se movilizó contra los recortes a las prestaciones de productos ortopédicos que tiene previsto aplicar el Ministerio de Sanidad”.
Las ocho patronales han exigido en un manifiesto que se libere “un pago inmediato a cuenta de la deuda acumulada” para hacer frente al de este mes de noviembre, que “se cumplan los plazos de pago que la ley determina”, que se diseñe “un nuevo sistema de financiación que evite retrasos” y que los presupuestos aprobados sean “reales”.
