El ingeniero Joan Gaya, contratado por el Ayuntamiento de Terrassa como comisionado para gestionar el final de la concesión a Mina del servicio del agua, le ha pedido a la compañía que facilite con celeridad los datos necesarios para finiquitar correctamente el contrato de adjudicación. Así lo explicó el lunes en su primera comparecencia en comisión informativa, en la que dejó claro que, a poco más de un año de que se extinga el contrato, “hoy el Ayuntamiento no está en condiciones ni de liquidar correctamente ni de escoger” un nuevo modelo de gestión.
Gaya explicó a los grupos municipales el contenido de la visita que realizó la semana pasada a las instalaciones de Aigües de Terrassa, en la que defendió que “la información del servicio corresponde al titular del mismo, el Ayuntamiento de Terrassa. Mina es gestora y depositaria, no titular”, puntualizó.
Con su petición a la compañía, el comisionado pretende poner fin al freno detectado “hace unos meses” en el flujo de información. En ese periodo, Mina y el Ayuntamiento han debatido el espinoso tema de los bienes que no son claramente revertibles al municipio. En el proceso “la información que nos llega no es clara. Encontramos problemas de agilidad para facilitar los datos”, explicaron desde el área de Medio Ambiente.
El comisionado explicó ayer que espera recibir toda la información solicitada en los próximos dos meses, de tal manera que “a mediados de enero dispongamos de todo el material necesario para debatir las opciones de futuro”. Para ello, “el proceso de transferencia de información debe empezar ya”, insistió.
La decisión, en mayo
En el debate sobre el futuro modelo de gestión del agua, el calendario apremia. El 31 de diciembre de 2016 finaliza la concesión a Mina y el Ayuntamiento ha fijado el próximo mes de mayo como fecha para la toma de una decisión. Sobre la mesa, la posibilidad de optar por una gestión mixta (público-privada) o bien una formula cien por cien municipal. El alcalde Jordi Ballart anunció en su día que el modelo actual, de concesión a una gestora privada, estaba descartado.
Durante la reunión del lunes el comisionado hizo un poco de historia para recordar que el contrato con Mina se remonta a 1941 y suma 74 años. Durante los primeros 60, explicó, la relación entre la administración local y la compañía se basó “en la confianza, es decir que no se discutían las decisiones de la empresa, que tenía en sus manos toda la información”.
A partir de 2001 la situación cambió. El Ayuntamiento firmó un convenio con la operadora en previsión del final de la concesión y “Mina pasó a informar trimestralmente de las inversiones”. Una década después, en 2011, pactó un plan de inversiones que debía garantizar la entrega en condiciones de los bienes afectos al servicio (necesarios para la prestación). “Desde esa fecha, es el Ayuntamiento quien aprueba esos planes de inversiones”.
El 1 de enero de 2017 la administración local debe estar en condiciones de garantizar la prestación del servicio del agua, insistió el ingeniero Joan Gaya en la comisión de Territorio y Sostenibilidad. “Hoy la obligación de hacer llegar el agua a los hogares de la ciudad es de Mina, pero el 1 de enero de 2017 quien debe garantizarlo en la administración local”.
Ocultación, dejadez
En el turno de preguntas la oposición expresó su estupor al comprobar que el debate sobre el modelo de gestión del agua debe posponerse una vez más por falta de información.
Xavier Matilla, de Terrassa en Comú, acusó al Ayuntamiento de “dejadez absoluta” por “desde 2001 no hacer el esfuerzo para conocer los datos”, cuando tenía derecho a ello como titular del servicio. “No vamos tarde por culpa de Mina, si no por responsabilidad del Ayuntamiento”. Maria Sirvent, portavoz de la CUP, fue mas allá al apuntar la posibilidad de “un incumplimiento de contrato que debería comportar la resolución contractual inmediata”.
A la pregunta de si la situación de Terrassa se había dado en otros municipios, coincidiendo con un final de concesión, Gaya respondió: “Sí; cuanto más larga es la adjudicación, más tendencia a que se produzcan disfunciones”.
El comisionado confesó no haber abordado antes como profesional un final de concesión de 75 años. El de Terrassa es un proceso complejo, que acumula una larga trayectoria de relación público-privada. En ese contexto, Gaya dejó clara su intención de “no mirar atrás. Soy partidario de mirar adelante”.
Durante el debate político, el portavoz popular Gabriel Turmo recordó que su grupo defiende la continuidad de Mina como gestora del agua en Terrassa, mientras que Javier González, de Ciutadans, reclamó que la compañía “cuelgue sus cuentas en la web. Vetando información se está disparando un tiro al pie si aspira a continuar como operadora”.
En la reunión del lunes estuvo presente una delegación de la Taula de l’Aigua, plataforma que defiende una gestión pública del servicio. Los representantes pidieron tener acceso a los informes y dictámenes que emitan Mina y el Ayuntamiento y defendieron una vez más que la gestión del agua pase a manos municipales.
