La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Terrassa organizó ayer una nueva acción reivindicativa que también tuvo lugar en el resto de Catalunya. Unos setenta miembros de la plataforma, la mayoría de los cuales iba ataviado con la camiseta verde, se dieron cita hacia las 11.30 de la mañana en la Oficina de Atención Ciudadana para reclamar que se aplique la nueva ley de vivienda social (antigua ILP de vivienda) aprobada el pasado 29 de julio por el Parlament de Catalunya. Esta ley está vigente desde el 6 de agosto de este año y contiene medidas de urgencia para el ámbito de la vivienda y la pobreza energética. Medidas de protección para las personas que no pueden hacer frente al pago de una hipoteca o un alquiler, que contemplan por un lado la paralización del desahucio y de otro la cesión de un piso vacío en alquiler social.
Guillermo Domingo, portavoz de la PAH Terrassa, explicó que el acto de ayer sirve para “decir a los ayuntamientos que ya no tienen excusas ni de falta de instrumentos ni de falta de leyes. Lo que les toca ahora es aplicar la ley y defender a los ciudadanos. Esto quiere decir parar los desahucios obligando a los bancos a hacer alquiler social y terminar también con los cortes de suministros. Y en caso de que no cumplan, sancionar tanto a entidades bancarias como a empresas suministradoras”.
Algo que para Terrassa es muy importante, pues según el miembro local de la plataforma, la ciudad egarense está muy afectada por la emergencia habitacional, “con desahucios, sobreendeudamiento y cortes de suministros. Hay de media tres desahucios al día, lo que significa una acumulación de 4.800 desde 2008 y 120 desde que se aprobó la ley. En cuanto a los cortes de suministros no tenemos datos pero entendemos que si la gente no puede pagar su vivienda seguramente no puede pagar las facturas. Además tenemos la vivienda pública llena y un registro de solicitudes para este tipo de pisos que asciende a más de 3.500. Algo que se podría solucionar, según Guillermo Domingo, si se pusiesen a servicio de los ciudadanos los pisos vacíos de los bancos, que ascienden a 3.000. “Los números cuadran”.
El portavoz también señaló que ya no hay excusas para no aplicar esta ley, porque se ha conseguido que los consistorios tengan “una guía y unos instrumentos para ponerla en práctica y así defender a los ciudadanos”.
