El pleno de septiembre aprobó por unanimidad la aplicación directa de la ILP contra los desahucios y la pobreza energética, presentada por TeC y transaccionada. La resolución llevaba aparejado el compromiso de destinar todo el parque público de viviendas a alquiler social “mientras haya en la ciudad una sola persona en riesgo de exclusión residencial”.
La medida pretendía incrementar la bolsa de viviendas con destino social, pero no será así. Lluïsa Melgares, concejal de Vivienda y Mediación Comunitaria, explica que en este momento la totalidad de los 955 pisos de la Societat Municipal de l’Habitatge (SMH) “ya están destinados a alquiler social”.
Inicialmente estaba previsto que sólo dos terceras partes de ese parque público se destinara, como así fue, a alquiler. En total 609 pisos de los cuales 7 han sido cedidos a la Fundación Prodis y el resto a rentas bajas, entre 40 y 350 euros al mes.
La SMH pretendía comercializar en régimen de venta los 346 pisos restantes, pero finalmente también se han destinado a alquiler social dada la demanda generada como consecuencia de la crisis. En este caso el paquete más importante de 180 pisos lo ocupan personas que pagan cuotas superiores a los 350 euros, 151 son alquileres mensuales entre los 250 y los 350 euros al mes y el resto, 15, pagan recibos entre 100 y 250 euros.
Los precios están por debajo de los módulos establecidos para la VPO. Los alquileres de un total de 552 pisos, explican desde la concejalía de Vivienda, registraron un descenso de precio del 13,58% de media en 2014, fecha en la que se aprobó una disminución de precios sobre los módulos oficiales de vivienda de protección oficial.
Completan el censo de los 955 pisos municipales los 45 destinados al esponjamiento de Ca N’Anglada. 23 de ellos ya han sido entregados a las familias realojadas y 22 se reservan para las nuevas fases en ejecución.
“No pienso vender un solo piso mientras continúe la demanda social”, afirma Melgares, que entiende el compromiso del pleno con la ILP como “un gesto de complicidad entre el gobierno y la oposición”.
Así fue, aunque en la comisión municipal de Sociedades, donde Lluïsa Melgares presentó el informe sobre el stock de vivienda, Terrassa en Comú pidió al gobierno que “no dedique todo su esfuerzo al subsidio y tome la iniciativa elaborando un plan de la vivienda como instrumento para impulsar nueva vivienda pública”, explica Xavier Matilla. El portavoz ve al ejecutivo “falto de ideas” y sugiere que, ante la imposibilidad económica de invertir en más promociones de pisos, “se entre en una nueva lógica, por ejemplo, a través de fórmulas cooperativas o de masovería. Hay muchas fincas vacías en la ciudad, aportemos soluciones imaginativas”.
804 expedientes a los bancos
A la espera de que maduren nuevas iniciativas, el parque de viviendas con destino a fines sociales sólo podrá crecer en Terrassa a partir de la cesión obligada de pisos en manos de los bancos y vacíos durante dos años o más. Hasta el momento, la presión municipal ha logrado forzar la cesión de doscientas viviendas que se han incorporado al fondo social de vivienda y al fondo municipal.
El Ayuntamiento de Terrassa fue primero en sancionar a los bancos con pisos vacíos en aplicación de la Llei de l’Habitatge de Catalunya, que obliga a los bancos a destinar los pisos vacíos a un uso social. El número de expedientes abiertos supera ya los 800, 446 de los cuales se han archivado porque, fruto de la presión pública, en el momento de resolver el expediente ya habían sido rehabilitados y reincorporados al mercado inmobiliario.
En paralelo, el Ayuntamiento ha presentado 61 procesos contencioso-administrativo contra las entidades financieras que desoyen la ley catalana e ignoran el requerimiento municipal de ceder los pisos vacíos. Las primeras cuatro sentencias han sido favorables a las tesis municipales y obligan, en este caso a Bankia, a ceder la vivienda y a pagar una multa coercitiva.
Melgares explica que “el grueso de las viviendas de los bancos está por llegar” ya que en los próximos meses se dictarán las sentencias del grueso de los contenciosos presentados. La concejal celebra la victoria judicial y, aunque hay recursos pendientes, el hecho de que la Justicia reconozca en sus fallos la vivienda como un bien social.
La administrsación afronta ahora el reto que supone asumir en poco tiempo un volumen importante de viviendas procedentes de los bancos, muchas de las cuales no están en condiciones de ser ocupadas, necesitan una rehabilitación parcial o integral y la tramitación de una nueva cédula de habitabilidad.
El coste de esa readecuación, en pisos que en muchos casos han sido literalmente desvalijados, supone un handicap para las política sociales de vivienda.
