El alcalde Jordi Ballart cumple cien días y una campaña electoral en el cargo, tres largos meses de una intensidad política sin precedentes y un arranque de mandato marcado por el constante pulso de la oposición, así como un pacto de gobierno que ha movido la tierra bajo sus pies.
Atrás queda un inicio de legislatura en cuatricomía, marcado por una legión de concejales en rodaje y un alcalde que continúa con los grandes temas del mandato sobre la mesa: cambio de modelo de gestión del agua, concurso del transporte público, reactivación económica y del empleo….
El 13 de junio se celebraba el pleno de constitución del Consistorio y doce días después el PSC lograba salir airoso de su primer sesión plenaria en minoría, gracias al apoyo de Ciutadans y de CiU, en un gesto que ya apuntaba a la sociovergencia.
Desde el primer momento la oposición exhibió músculo, pero no fue hasta el pleno de julio que dejó clara su capacidad de imponerse ante un gobierno en precario. Lo hizo forzando la aprobación de una condena a la Ley de Seguridad Ciudadana y la negativa de la Policía Municipal a tramitar multas basadas en la Ley Mordaza. También comprometiendo a la Hacienda municipal a ingresar los tributos que recaude en la Agència Tributaria Catalana.
Por la estabilidad
La primera medida no se acabará aplicando, después de que secretaría haya cuestionado su legalidad, pero el pasado 23 de julio el juego de las mayoría alternativa fue tan rotundo que, una semana después, Jordi Ballart (PSC) comparecía junto a Miquel Sàmper (CiU) para anunciar el pacto de gobierno. Una alianza que dará estabilidad al mandato, pero no garantiza la mayoría absoluta. Los socios suman 12 concejales en un Consistorio de 27.
Los primeros cien días del mandato han estado marcados por trascendentes decisiones políticas y un perfil bajo en la gestión, en el marco de un calendario intermitente: un día después de la firma del pacto arrancaban las vacaciones de agosto y una semana después de la vuelta al trabajo, la campaña electoral de las autonómicas.
Durante el inicio del mandato Terrassa se ha adherido a la AMI, condición para la sociovergencia, y ratificado ese acuerdo en el pasado pleno de septiembre. La medida ha incomodado a parte de la militancia socialista y provocado revuelo en Madrid. Aunque contaba con el apoyo explícito de la dirección del PSC, la decisión del alcalde Ballart provocó tal enfado en Ferráz que Pedro Sánchez se ha negado a acudir a Terrassa durante la campaña del 27S.
A lo largo de los primeros cien días la oposición ha impuesto y/o transaccionado importantes acuerdos. Terrassa en Comú ha forzado la creación de dos nuevas comisiones informativas (transparencia y sociedades municipales) y ha conseguido suficientes apoyos para que se abran las puertas de las comisiones a la ciudadanía.
En el último pleno, además, el grupo logró que se votara casi unánimemente la aplicación en Terrassa de la ILP sobre la emergencia habitacional y la pobreza energética. Fue un acuerdo de consenso, en un tema crucial para la ciudadanía en el que gobierno y oposición parecen dispuestos a trabajar juntos.
En el haber del ejecutivo está el nombramiento del comisionado del agua -Joan Gaya-, encargado de pilotar el debate político y ciudadano sobre los modelos alternativos de gestión, ante la inminencia del final de la concesión a Mina, el 31 de diciembre de 2016. El proceso se está dilatando en el calendario y el alcalde Jordi Ballart ya se ha visto obligado a revisar la fecha de la consulta popular anunciada inicialmente para el 9 de noviembre. Se hará en primavera, como muy pronto, de manera que la decisión sobre el nuevo modelo de gestión se adoptará ya entrado 2016.
Comedores, multas y bus
El gobierno amplió este verano los comedores escolares y a la comida sumó la cena. También ha visto como la Justícia le daba la razón en las multas a los bancos con pisos vacíos. Sigue pendiente sin embargo, la decisión sobre el concurso del bus.
El alcalde ha anunciado que valora la posibilidad de municipalizar el servicio, pero la decisión no está cerrada. Sí se han esbozado las líneas maestras del presupuesto de 2016 y se ha hecho el primer encaje de seis líneas del bus a la entrada en servicio del metro. Tres largos meses después del inicio del mandato, sin embargo, el ajuste definitivo de la maquinaria municipal tras las elecciones locales aún no está cerrado.
Superado el 27S llega el momento de la verdad para el nuevo ejecutivo local, que afronta un mandato denso y de trascendentes decisiones políticas. Frente a él, los partidos de la oposición han dejado claro que están dispuestos a influir en el gobierno de la ciudad, por consenso, por la fuerza de las mayoría o, si fuera necesario, por aburrimiento. Un ejemplo. Maria Sirvent, concejal de la CUP, ha dejado clara su voluntad de exigir la disolución de los grupos de intervención especial de la Policía Municipal, durante todo el mandato y tantas veces como sea necesario.
Mientras esto ocurre, el pleno vive uno de sus momentos mas intensos y reveladores de la pluralidad política que traspúa la ciudad. Puertas adentro, los enfrentamientos dialécticos se suceden con la misma frecuencia que las ocurrencias salpican el discurso político.
