El Juzgado Contencioso Administrativo número 12 de Barcelona ha desestimado el recurso interpuesto por Bankia SA contra la sanción que le impuso el Ayuntamiento de Terrassa por mantener desocupado un piso de su propiedad durante más de dos años y no responder al requerimiento de incorporarlo al mercado en régimen de alquiler social.
El fallo supone el segundo espaldarazo de la Justicia al Ayuntamiento de Terrassa y su iniciativa, pionera a nivel estatal, de forzar a las entidades financieras a ocupar sus viviendas vacías, o bien cederlos como vivienda social en aplicación de la Llei de l’Habitatge de Catalunya.
Hace poco más de un mes, en julio, el Juzgado Contencioso Administrativo numero 10 de Barcelona dictaba la primera sentencia favorable al Ayuntamiento de Terrassa, también por una sanción a Bankia. En ella se desestimaba también un recurso de la entidad financiera y se la condenaba al pago de las costas, como ha ocurrido ahora.
La sentencia actual responde al contencioso planteado por Bankia después de que el Ayuntamiento iniciara expediente sancionador el 25 de junio de 2014. La resolución supone que la incoación del expediente era correcta y se ajustaba a derecho, tras comprobar la administración local que la vivienda en cuestión sumaba más de dos años vacía y que la propiedad había desatendido los requerimientos municipales.
“Es una nueva victoria legal de gran trascendencia -comenta la concejal de Vivienda y Mediación Comunitaria, Lluisa Melgares-, que demuestra que los tribunales del Estado están reconociendo, una vez más, la función social de la vivienda”. La regidora socialista recuerda que “la desocupación injustificada de las viviendas constituye un claro incumplimiento de la finalidad del inmueble y, por lo tanto, de su función social. Además, la existencia de viviendas vacías y desocupadas supone un incremento de problemáticas urbanas y de exclusión social sobre las que es necesario actuar urgentemente a fin de proteger los derechos de la ciudadanía”.
El Ayuntamiento de Terrassa fue el primero a nivel estatal en interponer expedientes sancionadores a los bancos con pisos vacíos e imponer multas coercitivas ( la primera en diciembre de 2013). El objetivo de las sanciones era forzarlos a ocupar las viviendas en un contexto de emergencia habitacional, con miles de familias víctimas de desahucios. Terrassa ha abierto 802 expedientes a bancos en aplicación de la Llei d’Habitatge. En este momento hay 56 contenciosos en marcha interpuestos por las entidades financieras
