Terrassa fue la primera ciudad en llevar a los bancos con pisos vacíos al juzgado y, cuando los tribunales emiten la primera sentencia favorable, el alcalde toma la iniciativa e impulsa un frente municipalista por la vivienda digna. Jordi Ballart ha invitado a 103 alcaldes españoles a promover la Plataforma d’Habitatges per a l’Habitatge Digne i Contra la Pobresa Energètica, una iniciativa que pretende sumar fuerzas para impulsar cambios en las políticas de derecho a una vivienda digna.
En el escrito remitido a los más de cien alcaldes, Ballart recuerda que “la vivienda es un derecho básico de las personas que contribuye a la integración social y a la calidad de vida, y pensamos que desde el municipalismo se pueden provocar grandes cambios”. El primer edil pretende organizar un primer encuentro de municipios a finales de septiembre, una cumbre para sentar las bases y las líneas de actuación de la nueva plataforma municipalista.
El Ayuntamiento de Terrassa se ha dirigido inicialmente a los municipios que han mostrado interés por conocer las medidas impulsadas por la administración local en materia de vivienda social y han solicitado información. La plataforma, sin embargo, está abierta ” a cualquier ayuntamiento que quiera adherirse”.
El Ayuntamiento de Terrassa fue pionero en 2013 en iniciar medidas legales contra las entidades bancarias que concentraban viviendas vacías en la ciudad durante más de dos años. Ya se han abierto más de 800 expedientes sancionadores y el pasado 22 de julio se dictó la primera sentencia favorable a las tesis municipales, desestimando el recurso presentado por una entidad bancaria contra la sanción impuesta por la administración.
La presión municipal ha permitido poner numerosas viviendas en el mercado del alquiler y el primer banco multado ya ha cedido al Ayuntamiento la gestión de los pisos para destinarlos a alquiler social.
Terrassa es uno de los municipios más afectados por este fenómeno. El problema de los desahucios ha cobrado dimensiones dramáticas en la ciudad, donde entre 2008 y 2014 se han admitido a trámite 5.241 ejecuciones hipotecarias mientras los bancos acumulan 4 mil viviendas vacías. Un estudio municipal evidencia que en la mayoría de esos casos las entidades se desentienden de los inmuebles, provocando problemas de convivencia y arrojando a las comunidades de vecinos a la bancarrota.
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