El Ayuntamiento impulsó en 2011 una mesa de negociación con las entidades financieras y en enero de 2012 creó, junto al Col.legi d’Advocats, la primera Oficina de Intermediación Hipotecaria del Estado, con el objetivo de paralizar los desahucios, consiguiendo una dación en pago y un alquiler social. En paralelo, el servicio municipal de Políticas Sociales de Vivienda cuenta con la oficina de información, asesoramiento e intermediación en deuda hipotecaria e impago de alquileres. La unidad ha atendido casi dos mil familias y ha gestionado el realojo de 433 en su propia vivienda. A la vista de que los desahucios no descendían en la ciudad, donde continúan castigando a los colectivos más vulnerables, en 2014 se creó la Mesa de Desahucio de Urgencia, un servicio integral que cuenta con un fondo de vivienda municipal que atiende las emergencias derivadas de Servicios Sociales. Este dispositivo también trabaja para poner en el mercado los pisos vacíos en manos privadas. La Mesa ha realojado 162 familias
