Una vez conocido el auto judicial, el gobierno local se ha puesto manos a la obra. La ordenanza "de bases de convivencia democrática" echará a andar en breve en una prueba piloto. Según ha indicado Lluïsa Melgares, concejal de Ciudadanía y Calidad Democrática, el Ayuntamiento iniciará en los próximos meses el experimento en un barrio de la ciudad, donde durante un periodo de tiempo por establecer desarrollará los principios básicos de una norma pensada para incidir "en un mensaje positivo y de concienciación". Pero, ¿no hace falta adaptar ahora la ordenanza a la ley de seguridad ciudadana, popularmente conocida como "ley mordaza", recientemente aprobada? Lluïsa Melgares dice que no, que son "paradigmas distintos". Un ayuntamiento, señala, no puede regular un hecho ya regulado por una ley a la que la norma local está supeditada. La normativa municipal "no es contraria a la ley", según especifica Melgares, si bien la concejal del PSC destaca que las leyes "son interpretables" y que en consecuencia el gobierno en el que ejerce de concejal "la interpreta a favor del ciudadano". Las ordenanzas, indica la edil, "recogen derechos y deberes con participación de los ciudadanos y la ley no siempre cuenta con la ciudadanía y no siempre está a su favor". Melgares recordó que su partido, el PSC, está en contra de la norma impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy.
