Pese a que la burbuja inmobiliaria hace tiempo que estalló, las estafas en este sector son un problema que sigue a la orden del día. Los Mossos d’Esquadra investigan un nuevo caso tras la interposición de varias denuncias.
En la presunta estafa están implicadas tres agencias -Finques Terrassa, Egara Inmobles y Finques Vallès- de una misma persona, con varios perjudicados de un perfil bien dispar. Según una ex trabajadora, la mayoría de víctimas son personas mayores, obreros e inmigrantes. El procedimiento de engaño, al parecer, está muy estudiado y, de momento, ha servido al denunciado para poder salir impune de denuncias: no registra nada a su nombre, cierra el establecimiento sospechoso cada vez que empiezan los problemas, abre uno nuevo con otra denominación en una ubicación distinta y tiene testaferros que le avalan.
Según se ha podido conocer, todo empezó hace aproximadamente cinco años, cuando fue abriendo oficinas bajo el paraguas de Finques Terrassa hasta tener cinco en distintos puntos de la ciudad, todas ellas sin licencia de actividad. “Lo único que hacía era alquilar los locales y abrir la persiana. Y al cabo de un tiempo incluso dejaba de pagar el alquiler”, explica una ex trabajadora de Finques Terrassa. “Aparte de estafar a los clientes, quedándose sus fianzas, estafaba a los trabajadores porque les hacía contratos de menos horas y un cargo menor y no declaraba las oficinas. Con todo ello, por tanto, también ha estafado al Estado”, cuenta otra exempleada.
Esta mujer revela que cuatro antiguos empleados han presentado denuncia por “hacerles un contrato de dos horas cuando trabajaban todo el día y sin su consentimiento, por no tenerles asegurados, por no pagarles y por negarles el finiquito, entre otros hechos”. No obstante, el acusado ha sido declarado insolvente, por lo que estos empleados deberán acudir a Fogasa, el fondo de garantía salarial. Además, la misma trabajadora confiesa que también tiene conocimiento de, como mínimo, veinte clientes que también le han interpuesto una denuncia porque se ha quedado con sus fianzas. “Se dedicaba a robar sobre todo pagas y señales. Hacía varias reservas de un mismo piso y luego se quedaba con todo el dinero”, cuenta esta empleada.
Otra de las trabajadoras que estuvo durante tres años en Finques Terrassa revela que “acostumbraba a pedir fianzas avanzadas de dos o tres meses y luego se las quedaba. También les decía a los clientes que él mismo las llevaría a la Cambra de la Propietat pero nunca lo hacía. Y cuando la gente venía a pedir explicaciones, él nunca estaba para dar la cara”. Un nuevo testimonio afirma que “de él se podrían contar historias muy gordas. He visto como falsificaba nóminas de clientes. También se hizo pasar por el novio de una trabajadora para poner la línea telefónica de la empresa a su nombre”.
Más víctimas
Los Mossos d’Esquadra confirman este caso. De momento hay denuncias de varios clientes, aunque el montante sólo llega a aproximadamente 1.000 euros. No obstante, la investigación sigue abierta y podrían sumarse otros afectados y hacer aumentar la cifra. Según ha indicado una fuente cercana a la empresa, “hay que tener en cuenta que muchas víctimas deciden no seguir con el proceso judicial porque no saben como demostrar lo que les ha sucedido, o porque, dada la poca cantidad que se les ha estafado, creen que es mejor dejarlo correr”.
Este es el caso de Encarna, una de las afectadas por Egara Inmobles. “A mí este señor me pidió dos fianzas por dos pisos que alquilé en la calle de Manresa, una de 250 euros y otra de 425. Pero ésta nunca llegó a los propietarios. Ahora, ellos la han reclamado porque dicen que la necesitan y claro, hemos tenido que pagar doble”. Además, afirma que a su nieta también “la estafó”. “Mi nieta le dio 850 euros por adelantado, que eran dos meses de fianza. Cuando me lo dijo ya la avisé de que había perdido ese dinero, y efectivamente”. No obstante dice que no le han denunciado porque la opción idónea debería pasar por un entendimiento entre todos los afectados.
Otra persona perjudicada se dio cuenta de que algo pasaba cuando dio también dos meses de fianza, además de 500 euros más para que le hiciera el cambio de nombre de los suministros; pero las facturas seguían llegándole a su domicilio (en otro municipio). Entonces se olió que algo iba mal y fue a la Cambra de la Propietat, donde le dijeron que no tenían su fianza. Cuando quiso pedir explicaciones, el denunciado nunca estaba para atenderla, y al final supo lo que ocurría.
Otros testimonios
Por otro lado, el presidente de la Comunitat Musulmana de Terrassa, Mustafá Bel Fassi, ha confirmado que hay “más de tres familias marroquíes afectadas. Estas tres me vinieron a ver cuando supieron que las habían estafado y yo las ayudaré tanto como pueda. Pero hay bastantes, pero bastantes más afectados. Me sabe muy mal porque se ha aprovechado de personas vulnerables que sienten mucha impotencia además de vergüenza. Pedimos que la Justicia actúe, y rápido”.
Muchos afectados están convencidos de que “no se puede tocar al acusado, pues no tiene nada a su nombre”, pero un abogado explica que “si ha habido estafa y ésta se puede demostrar, se debería poder llevar a este señor ante la Justicia”.
En Terrassa se han registrado varias supuestas estafas en los últimos años, algunas muy sonadas. Muchos recordarán el caso de Finques Lapiedra, que en 2012 afectó a más de 150 comunidades, o el de la inmobiliaria Inmogrup. Este tipo de casos, según tiene controlada la Cambra de la Propietat de Terrassa, se basan principalmente en que los propietarios se quedan con las fianzas de los clientes o con los alquileres de las comunidades de propietarios.
Para intentar terminar con ello, el Col·legi d’Administradors de Finques de Barcelona i Lleida incrementó, hace poco más de un año, la póliza de caución en un 32%. Esta póliza cubre los casos de quiebra de una inmobiliaria. Según el vicepresidente del Col·legi d’Administradors, Lluís Bou, la póliza alcanza un máximo de 30.000 euros desde el último incremento (lo que supone 5.000 más que hace año y medio), y “no se puede subir más porque, si no, las empresas aseguradoras pondrían unas condiciones que serían inasumibles para los administradores de fincas”.
Bou afirma que estos casos de negligencia “hacen mucho daño a la credibilidad del sector”, y añade que “los administradores debemos ser profesionales de confianza, y con todo lo que está pasando, la gente duda de nosotros. Va a las inmobiliarias y pide las cuentas porque no se fía de tener su dinero”.
Para los colegiados
El problema es que esta póliza sólo es obligatoria para los colegiados, y pese a que teóricamente solo ellos podrían ejercer, según Bou, la realidad es que hay mucha gente fuera de este circuito que también posee inmobiliarias.
Actualmente el Col·legi está estudiando la creación de la Comissió de Garanties Financeres para buscar otras soluciones alternativas que ayuden a solventar el problema de las estafas inmobiliarias. “Es un tema que nos preocupa mucho. Las quiebras son inadmisibles pero cada vez hay más. Y no se puede tolerar porque afecta mucho a nuestra imagen”; sentencia el vicepresidente del Col·legi.
