El Ayuntamiento de Terrassa ha respondido a la demanda interpuesta por Josep Campos -aún no tiene notificación de la ampliación- argumentando que “no ha existido intromisión ilegítima al honor” y defendiendo su iniciativa penal, que contó con el informe favorable de la Fiscalía, que incluso en 2010 se opuso al sobreseimiento de la querella. La administración local sostiene que actuó con la intención de “tutelar legítimos intereses y derechos de los ciudadanos” y se pregunta “porqué en la demanda no consta como codemandado el Ministerio Fiscal”.
El Ayuntamiento se querelló contra las inmobiliarias que reformaron, publicitaron y vendieron los locales en 2006 acusándoles de estafa y publicidad engañosa, con el informe favorable de Fiscalía. Cuatro años más tarde, en mayo de 2010, el Juzgado número 1 de Terrassa decidió el sobreseimiento de la causa al no apreciar delitos, una decisión que fue recurrida ante la Audiencia por la Fiscalía y el propio Ayuntamiento. La Audiencia desestimó entonces la estafa y ordenó a un juzgado de Terrassa que abriera diligencias e investigara la publicidad engañosa, pero en este caso la Fiscalía presentó un informe de conclusiones no apreciando delito. Sin el respaldo del Ministerio Público, el Ayuntamiento y los afectados se retiraron del caso, que acabó archivándose.
ampliación de la demanda
