Antonio Machado
Comenzamos la jornada ojeando la prensa y aparece una terrible noticia. Un hombre se suicida en Sants (Barcelona) cuando iban a desahuciarlo.
Un hombre se suicidó en la mañana del lunes en el barrio de Sants de Barcelona cuando la comitiva judicial había acudido a su vivienda para desahuciarle. La víctima estaba siendo atendida por la unidad antidesahucios del Ayuntamiento de Barcelona, que intentaba mediar entre propietarios e inquilinos para evitar los lanzamientos y que este lunes se había desplazado hasta la vivienda. En este caso además los servicios sociales habían presentado ante el juzgado un informe de vulnerabilidad del hombre, que el juzgado de primera instancia número tres de Barcelona desestimó. Según ha informado el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el juzgado desestimó la suspensión del desahucio con base al informe de vulnerabilidad, ya que las circunstancias que recogía no eran las que la legislación contempla “como vulnerabilidad para permitir la suspensión del lanzamiento”.
Cada 2,5 horas se produce un suicidio en España, una media de 10 suicidios cada día. Mueren el doble de personas por suicidio que por accidentes de tráfico y supera en 11 veces las muertes por homicidio, o por cáncer de pulmón por tabaquismo. Por estos tres factores, las autoridades políticas y sanitarias ponen más recursos para reducir las muertes, para el suicidio no hay ninguna previsión presupuestaria. Es como si el suicidio no existiera. Ésa es la percepción general. Los medios no hablan de ello, los políticos tampoco.
La sanidad pública de España es muy deficitaria en salud mental. El porcentaje medio de psicólogos en la Unión Europea se sitúa en 38 por cada 100.000 habitantes, mientras que en España es de 5,35 /100.000 habitantes. Respecto a los psiquiatras la media europea es de 18,23 /100.000 habitantes, y en España es de 10 /100.000 habitantes. Las condiciones de la atención sanitaria mental son las peores. Porque aplican los mismos protocolos que para las demás patologías de consultas externas. Un día te visita una doctora psiquiatra o psicóloga y otro día te atiende otro/otra. Además la falta de profesionales cualificados hace que la atención se dilate excesivamente en el tiempo, en Terrassa son 206 días de espera. Una depresión no puede atenderse siete meses después de que tu médico de primaria te derive a la salud mental.
Desde el 2008 hasta el 2018, período de la crisis financiera, se suicidaron 38.936 personas. En esos 10 años, la diferencia en la media de suicidios, respecto a la etapa anterior a la crisis, se sitúa en torno al 19,5% de incremento de muertes cada año, lo que demuestra claramente la incidencia que ha tenido en la población española el suicidio por problemas de carencia vital para la persona, como el trabajo, la alimentación, los servicios básicos o la vivienda, añadido a la de la soledad social que conduce al desequilibrio emocional.
Según diversas plataformas sociales, en España se produce un suicidio cada cinco horas motivado por la crisis económica. Siendo los desahucios la causa principal. Se producen 34 suicidios cada semana por este motivo. La PAH imputa, al denominado terrorismo financiero, más de 13.300 suicidios entre el 2008 y el 2015. Considerado el período más duro de la crisis.
En marzo del 2020 apareció la pandemia. La población afectada por la crisis financiera aún no había levantado cabeza, por lo que, a pesar de las ayudas destinadas a los sectores más vulnerables, 9.328.216 personas en edad laboral se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social. Estamos en una situación de extrema gravedad colectiva ante la cual el sistema público sanitario de España debería estar preparado, porque si no los suicidios continuarán como epidemia social.
Recordemos al diputado del PP Carmelo Romero cuando en la sesión de control al gobierno de marzo de este año, ante la pregunta realizada por el diputado Íñigo Errejón, dirigida al presidente Pedro Sánchez, sobre la accesibilidad en los tratamientos para la salud mental en plena pandemia y confinamiento, el diputado del PP ha gritado un sonoro “¡vete al médico!” a Errejón. Lo que confirma una vez más la catadura moral de estos “impresentables” de la derecha neofascista.
Mientras crece la pobreza entre la clase obrera, el capital se ha hecho más rico. Entre el 2010 y el 2019, el número de millonarios en España se quintuplicó, hasta alcanzar un total de 979.000 personas, según se desprende del ‘Informe de la riqueza mundial 2019’, elaborado por Credit Suisse Research Institute. De esa cifra de millonarios españoles, un total de 899.008 cuentan con una riqueza de entre 895.000 euros y 4,47 millones de euros; mientras que 52.585 tiene un patrimonio de entre 4,47 y 8,95 millones de euros; 24.818 disponen de un patrimonio de entre 8,95 y 44,77 millones de euros; 1.452 cuentan con activos valorados entre 44,77 y 89,5 millones de euros; 685 disponen de entre 89,5 y 447,7 millones de euros, y 61 personas se sitúan en el tramo más exclusivo, con una riqueza valorada en más de 415 millones de euross. Estos datos sitúan a España en la posición número 16 del ranking de países con mayor número de “ultrarricos”. Credit Suisse también estima que el número de millonarios españoles crecerá un 42% en los próximos cinco años, hasta situarse en 1.394.000 en 2024.
¿Por qué los poderes públicos, la mayoría de partidos políticos y la sociedad en general no ven lo que está pasando? Puede que sea porque el suicidio es el drama humano más palpable de este inhumano sistema, llamado capitalismo. Donde el 1% de la humanidad posee la propiedad del 99% de la riqueza mundial. Ésa es la máxima expresión de la injustica social. Puede que sea porque de una forma u otra nos sentimos cómplices de esa última decisión tomada en el límite de la desesperación humana. Puede ser que, si lo visualizamos, nos acabe de remover la conciencia hasta extremos incontrolables. Puede ser que acabemos “pensando”, y si pensamos podemos darnos cuenta de la injusticia en que nos encontramos. Es urgentísima la nueva ley de arrendamientos.Es necesaria una reforma profunda del sistema fiscal en España, donde pague más quien más tiene.
