Han sido 34 meses de lucha ininterrumpida de los pensionistas de todo el Estado Español. Cada semana frente a los ayuntamientos, los pensionistas hemos reclamado unas pensiones dignas. Se produjeron de forma instintiva después de cinco años cobrando el 0,25% de incremento anual, mientras nuestras pensiones permitían que muchas familias en paro con hijos menores pudieran comer un plato caliente. Eran momento difíciles. El 28% de la población se encontraba en riesgo de exclusión social.
Eso daba igual, había que rescatar a la banca española, esa que ha desahuciado a más de un millón de familias, le regalamos 72.000 millones de euros para que siguiera desahuciando a más familias sin recursos económicos. Más de un millón de familias desahuciadas desde 2008.
Desde el Pacto de Toledo se promovió una reforma de las pensiones en el 2011 entre el gobierno de J.L.R. Zapatero (PSOE) y los sindicatos UGT y CCOO. Esa reforma abría las puertas a una revalorización regresiva de las pensiones modificando de 15 a 25 años el período de tiempo para el cálculo del importe. También se ampliaba de 35 a 37 años el período mínimo cotizado para tener derecho al 100% de la pensión. Se alarga la edad de jubilación de 65 a 67 años.
En el 2013, M. Rajoy (PP) ampliaba la reforma, inventándose dos factores a aplicar, el factor de revalorización (incremento fijo del 0,25% anual) y el de sostenibilidad (penalización de la longevidad en la esperanza de vida).
Paralelo a eso, el Parlamento Europeo aprobaba el PEPP (Plan Europeo de Pensiones Privadas). Así se completaba el proyecto de desmantelamiento de las pensiones públicas en España.
Esa situación generó movilizaciones en el conjunto del Estado español. A partir de enero del 2018, en Terrassa dio pie al MPD (Moviment per unes Pensions Dignes de Terrassa). Desde este movimiento ciudadano se confeccionó una plataforma reivindicativa de diez puntos, aprobada en asamblea abierta. De la propuesta presentada al Congreso de los Diputados se incumplen nueve de los diez puntos reivindicativos que todos los movimientos de pensionistas han estado defendiendo en este período de lucha de 34 meses. Los movimientos sociales de pensionistas han ido con un objetivo claro, asegurar las pensiones públicas en el marco de los PGE, y no como una partida más de la Seguridad Social, y asegurarlo dentro de la Constitución española. Por otro lado conseguir una pensión mínima digna para conseguir sacar de la miseria a cinco millones de pensionistas, la mayoría mujeres. Los pensionistas fuimos el soporte de muchas miles de familias en la crisis del 2008, mientras el PP, CiU y el PSOE se dedicaban a robar en las arcas del Estado, por ello debíamos recuperar el poder adquisitivo perdido desde el 2013 (un 7% de nuestra pensión se ha esfumado). Mantener la edad de jubilación a los 65 años.
También abogábamos por la derogación de la reforma laboral para conseguir un mejor reparto de la riqueza generada en los procesos productivos y así asegurar las aportaciones al fondo de reserva de las pensiones.
Todo esto se ha quedado en “aguas de borrajas” porque el sistema capitalista y sus lacayos están trabajando para que así sea. Desde el Pacto de Toledo ha salido una propuesta de contenidos para debatir en el Congreso de los Diputados que nada tiene que ver con los ejes principales de nuestra lucha.
Con las directrices del ministro José Luis Escrivá, se proponen 22 recomendaciones para reformar las pensiones, las ocho más importantes son:
-Revalorización según el IPC real. Será según los datos del IPC estatal. (IPC interanual entre 2016 y septiembre de 2020. Catalunya 5,1%… España, 3,8%.) Desde 2016 en Catalunya hemos perdido 1,3% más que el resto de España.
-Incremento de la edad de jubilación. Será lo previsto en la reforma del 2011. A los 67 años.
-Período del cálculo. Ahora son 23 años, fruto de la reforma del 2011, y en 2022 serán 25 años, pero no dicen que antes del 2011 eran quince años. Esto empobrece enormemente al pensionista.
-Pensiones de viudedad. Se incrementará vinculada a la renta de los hogares.
-Cotizaciones de los autónomos. Será por sus ingresos reales. Esto debería ser así, pero el autónomo vive de lo que ingresa por prestar un servicio en una relación mercantil. Dependiendo enormemente de su posición en el circuito productivo, es el eslabón débil. Necesita que se ordene mejor todo el marco económico que le envuelve. Los impagados son una lacra en la economía española que ha hundido a miles de autónomos en los últimos 15 años.
-Ahorro complementario. Se quieren imponer los planes de ahorro complementario o, lo que es lo mismo, los planes de pensiones privados. La banca ha conseguido institucionalizar esta lacra que sólo sirve para alimentar el mercado financiero para que los grandes inversores sigan ganando dinero a costa de los trabajadores. Esta opción interesa a los sindicatos porque ellos también reciben beneficios en la gestión de los planes colectivos de pensiones que ya hace tiempo forman parte de la negociación colectiva.
La aparición de estas alternativas de ahorro tiene el fin de desviar esa parte de la riqueza colectiva hacia los mercados financieros, sin importar la precariedad y el riesgo que supone para el trabajador descargar parte de los costes de las pensiones de las arcas del Estado a esos “fondos buitre”.
-Eliminar el déficit de la Seguridad Social. Lo que se propone es que las cotizaciones sociales se destinen exclusivamente a financiar prestaciones contributivas. Con ello se pretende sacar de la Seguridad Social cerca de 23.000 millones de euros, que deberían conseguirse de otro modo.
-Fondo de reserva. Se recomienda establecer un remanente mínimo al fondo de reserva de la Seguridad Social una vez se consiga equilibrar las cuentas. El fondo de reserva es un mecanismo de ahorro que llegó a alcanzar en 2011 los 66.815 millones de euros. En la actualidad tiene 2.146 millones de euros.
Visto esto, podemos afirmar que el espíritu reivindicativo expresado al inicio de este documento ha desaparecido de las carpetas de todos los partidos que conforman el Pacto de Toledo. Unos están por destruir las pensiones públicas en favor de las privadas, el PP, Ciudadanos y VOX, otros están por la chapuza a transformar en ley dentro de opciones entre lo público y la privado, y sólo Unidos Podemos está en parte de nuestras reivindicaciones, el resto se reparten hasta donde hay que ceder.
