Corrían los primeros días de julio de 2008 cuando asistí a una conferencia de Manuel Jiménez de Parga en el Colegio de Abogados de Barcelona. El profesor, ex ministro y ex magistrado del TC disertó sobre el “régimen parlamentario” español que, a pesar de las previsiones constitucionales y como ha sucedido en otros países, se ha metamorfoseado en “régimen presidencialista”. Para él, esta transformación era la consecuencia de dos factores.
Por un lado, puso el acento sobre el tipo de partidos que existe en España y que él tildó de “partidos de empleados”. En estos partidos, los militantes y los electos son, en general, personas sin oficio reconocido y cuya biografía laboral y profesional se reduce a la vida en el partido. Por eso, están domesticados y son sumisos a los dictados del presidente del partido o del Gobierno, que puede meterlos o no en las listas; o darles o no un cargo. De estos polvos, los lodos del sistema presidencialista.
Y, por el otro, hizo hincapié en el sistema electoral español, caracterizado por tres rasgos: 1. “El bipartidismo”, instaurado provisionalmente para las elecciones de 1977; sin embargo, se convirtió en permanente. Con él, se evitó la “sopa de letras”, pero en detrimento de la representación de las minorías. 2. “Las listas cerradas y bloqueadas”, elaboradas por las cúpulas de los partidos, con candidatos, en general, de preparación y formación deficientes, pero sumisos al jefe del partido, para poder tener un medio de ganarse la vida. Y 3. “Los gastos excesivos de las numerosas campañas electorales”, financiadas por los poderosos (bancos y todo tipo de empresas), a los que hay que agradecerles el detalle, pagándoles después con decisiones y favores políticos. Ahora bien, todo esto pone en entredicho el funcionamiento democrático tanto de los partidos como del Parlamento o del Gobierno.
A pesar de estos hechos tangibles y verificables, según M. J. de Parga, no se trata de estar contra “los” partidos políticos, sino contra “estos” partidos políticos. Por eso, vaticinó el cataclismo que se iba a producir en la vida política española (fin del bipartidismo y nacimiento de nuevos partidos más radicales), como consecuencia de la incompetencia, de la prostitución y del desprestigio de la casta política española. Ahora bien, para instaurar la verdadera democracia, -que no consiste sólo en votar cada 4 años y en soportar los desmanes de la casta política- consideró que iba a ser fundamental el papel de las nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC): móviles, Internet, redes sociales, periódicos digitales y medios de transporte.
Terminada la conferencia, se produjo un animado debate. Y, ante la fe ciega de M. J. de Parga en las TIC, el que suscribe le preguntó: “Si, gracias a estas tecnologías, los ciudadanos fiscalizamos y controlamos la labor de los políticos y nos concertamos para acabar con la ‘democracia formal’ -que nos engaña, nos manipula y que abusa de nosotros- e intentamos instaurar una ‘democracia real’, ¿cuánto tiempo tardarían los partidos tradicionales del bipartidismo, por un lado, en controlar, en manipular y en censurar las redes sociales; y, por el otro, en utilizarlas para hacernos comulgar con ruedas de molino, para que nada cambie?”.
Desde la conferencia de M. J. de Parga, han pasado 12 años y los hechos le han dado, en parte, la razón: las RR. SS. han permitido que los ciudadanos se empoderen, permitiéndoles convertirse en fuentes de producción y vectores de difusión de información y de opinión, reservados para los medios de comunicación tradicionales (periódicos, revistas, radios y TV) y para esos seres, hoy desprestigiados, llamados periodistas, que son simplemente, en general, “todólogos” y la “voz de sus amos”. Sin embargo, los hechos le han dado también la razón al que suscribe: ante el empoderamiento de los ciudadanos, el gobierno socialcomunista, presidido por Pedro Sánchez, ha empezado a tomar decisiones para monitorizar, censurar, manipular y utilizar torticeramente las RR. SS.
En efecto, aprovechando que la pandemia del coronavirus pasaba por España y se instalaba en ella, el actual Gobierno socialcomunista ha situado una amenazadora espada de Damocles sobre nuestra tambaleante democracia, sobre algunos de nuestros derechos fundamentales y nuestra libertad. Por un lado, el art. 36.6. de la denostada y criticada “Ley de Seguridad Ciudadana” de Mariano Rajoy, conocida como ‘Ley Mordaza’ y aprobada por el PP en 2015, ha sido aplicado más que nunca, en vez de derogarla como prometieron, por el actual Gobierno socialcomunista. Sólo en los 75 días de confinamiento, se han impuesto más de 1,1 millón de multas para sancionar a aquellos que burlaron el confinamiento.
Por otro lado, el también criticado Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre -el llamado, en los medios, “Decretazo Digital”- amplia los supuestos en los que el Gobierno de Pedro Sánchez puede intervenir las redes y cortar comunicaciones electrónicas, sin control judicial, ni siquiera a posteriori. En efecto, a los motivos de seguridad pública, de defensa de la vida humana y de emergencia, se añaden los de orden público. Ahora bien, esta intervención del gobierno puede ser considerada como un atentado contra la libertad de expresión y de información. En realidad, cercenar una web o poner cortapisas en las RR. SS. es como poner un mordaza, como proceder al clásico secuestro de publicaciones o al embargo de una imprenta. Por eso, el “decretazo digital” es, en la práctica, afirma Amnistía Internacional, una ley de excepción.
Finalmente, debemos referirnos a las declaraciones de Fernando Grande-Marlaska, a mediados del mes de abril de 2020, en plena crisis del coronavirus, para poner freno a las críticas, a las protestas y al descontento de los ciudadanos españoles a través de las redes sociales. Según el Ministro del Interior, por las redes circulan mensajes “que tratan de intoxicar, causar desasosiego y manipular a la opinión pública”. Por eso, el Gobierno socialcomunista -por medio de las unidades tecnológicas de la Guardia Civil, de la Policía Nacional y de los Servicios Centrales Especializados- monitoriza o “ciberpatrulla” las redes sociales en busca de mensajes, que no son forzosamente ilegales, pero que considera peligrosos y campañas de desinformación, que perjudican la imagen el Gobierno.
Estas declaraciones de Grande-Marlaska han puesto la mosca detrás de la oreja de muchos, ya que son concomitantes con dos iniciativas polémicas, relativas al control de la información en las RR. SS.: por un lado, la limitación del reenvío de mensajes por WhatsApp para, según Facebook, combatir los bulos y las desinformaciones; y, por el otro, el cuestionamiento de ciertas empresas periodísticas (Newtral, Maldita y Efe Verifica), contratadas por Facebook para detectar y desmontar bulos, para luchar contra la desinformación y evitar su propagación por las RR. SS..
En esta coincidencia, algunos han visto un acuerdo o concertación clara entre el Gobierno de España, Facebook y las empresas verificadoras precitadas para neutralizar las RR. SS. y “desempoderar” a la sociedad civil. Haya habido acuerdo o no entre ellos, es muy pertinente cuestionar las intenciones y las prácticas anunciadas por el ministro de Interior, así como el papel que los propietarios de las RR. SS. juegan a la hora de controlar y difundir informaciones, i.e. a la hora de decidir qué es verdad y qué es mentira.
El visionario M. J. de Parga vislumbró, muy certeramente, el potencial liberador de las RR. SS., para militar en favor de una auténtica democracia, más participativa y real. Sin embargo, minusvaloró el poder de reacción de la casta política. Ésta, ante el peligro de perder el pesebre y el cubil, se está defendiendo como gato panza arriba. Para ello, no ha dudado en crear “Ministerios de la Verdad” (oficiales y privados), para que “patrullen” las RR. SS., y en instaurar de facto un “Estado de Vigilancia” o “Estado Orwelliano”, que cercena los derechos fundamentales de expresión y de información, al secuestrar contenidos y/o imponer la censura previa en el comercio lingüístico propiciado por las redes sociales. Y esto, como dice N. Chomsky, “hace más daño que la bomba atómica, porque destruye los cerebros”. Y esto, como afirma Mario Vargas Llosa, es propio de “todas las dictaduras, de derechas y de izquierdas, [que] practican la censura y usan el chantaje, la intimidación o el soborno para controlar el flujo de información”, poniendo en entredicho la salud democrática de un país.
* El autor es doctor en Didactología de las Lenguas y de las Culturas, profesor titular de Lingüística y de Lingüística Aplicada del departamento de Filología Francesa y Románica (UAB).
