CABO de visualizar un vídeo que circula por whatsapp, editado por La Contra.TV. El escenario es una sala de reuniones de un hospital de Madrid donde una persona vestida con equipo médico explica a otros profesionales de la sanidad qué hacer ante la falta de recursos para todos los pacientes a los que deben atender. Dice lo siguiente:
“La ética militarista aparece cuando hay una limitación extrema de recursos, y hay que cambiar el chip. ¿Por qué? Porque el valor principal es la utilidad. Años de vida ajustados por calidad. Los recursos no se destinan a los que más los necesitan, sino con quien más podemos conseguir. Por ejemplo: 40 años de edad y un cáncer de mama metastásico, un año de esperanza de vida; ese paciente si le salvas del coronavirus has ganado un año de vida ajustado por calidad. Un paciente de 50 años sin otras patologías es preferible al otro paciente.
El objetivo no es el beneficio individual, es el beneficio social, maximizar el número de vidas salvadas. En una catástrofe se hace traje de guerra, verde está leve. Amarillo es recuperable. Rojo es crítico, hay que actuar. Negro es no recuperable y se le seda, y gris son los pacientes que ni me molesto en escogerlos porque tienen más de una edad. Y si me da tiempo ya lo triaré cuando haya acabado con los otros doscientos, y si no se morirá sin que lo haya visto nadie, salvo que tenga síntomas y se le pone sedación. Es terrible.
Ése es el protocolo de catástrofe que casi nadie conoce porque afortunadamente casi nunca hay catástrofes. ¿Qué ocurre ahora? Que la situación actual nos obliga a plantear que puede ocurrir una limitación extrema de recursos. Si la curva de la evolución de contagios no se aplana en los próximos días, y todos pensamos que no se aplanará, puede que lleguemos a esto: desabastecimiento, y ello nos obliga a limitar tratamientos a los pacientes recuperables. Ahora no se está dando tratamiento a los ancianos de residencias. Se está negando el tratamiento a los ancianos de residencias.”
¿La situación es de catástrofe objetiva? No. Es de incompetencia de los gestores públicos. Es de delincuentes públicos que han ido mermando los servicios públicos con sus acciones delictivas de desvío de fondos públicos, de vaciar de recursos económicos la sanidad de Madrid para potenciar la sanidad privada de los “amiguetes” y así poder tener capacidad de maniobra para que ese dinero acabe en sus bolsillos. Desde 1995 en Madrid se desviaron hacia la sanidad privada unos 40.000 millones de euros. Ésa es la realidad. Eso ha estado pasando en otras comunidades autónomas de España, incluida Catalunya, aquí el chiringuito tenía otra bandera, pero el mismo color de moralidad.
La crisis financiera del 2008 llevó a Mariano Rajoy a reducir en unos 60.000 millones de la sanidad pública en los PGE. Hasta ahora esta política destructiva hacia la sanidad pública nos ha afectado en las interminables listas de espera que han ido mermando la calidad de vida de muchos españoles. Pero ahora nos mata.
Si nos fijamos los datos porcentuales sobre los 46,6 millones de españoles suponen el 1,37% de los contagiados. Pero el que es indiscutible es que el 0,99% de la población son los que están hospitalizados. Un Estado como el español, con su volumen de riqueza global, ¿es imposible que pudiera disponer de un sistema sanitario preparado para afrontar esta situación? Yo creo que sí era posible, y más cuando después de la epidemia del Ébola del 2014-2016 los organismos de la ONU se pusieron a trabajar con todos los países para prepararse ante una situación de estas características. En septiembre del 2019 ya se preveía una pandemia. Tres meses antes de que surgieran los primeros casos de COVID19, así se plasmó en el informe anual sobre preparación mundial para las emergencias sanitarias de la ONU. No hemos sabido nada hasta ahora.
Se ha primado el interés económico ante el interés humano, esas medidas que no han permitido el confinamiento total, excepto los servicios fundamentales, ligados a la salud y la alimentación, simplemente han ayudado a la expansión de la enfermedad. Wuhan marcó un camino, pero no se ha hecho caso.
La justicia debería intervenir con carácter retroactivo y llevar a todos los que han contribuido a esta desgracia desde hace años, no sólo a los actuales gestores. Deben pagar los que han robado nuestra salud y nuestra vida durante más de 25 años.
Todo esto está pasando porque nosotros mismos hemos sido cómplices de nuestra propia desgracia. Nosotros hemos puesto en los puestos de gestión política de Madrid y del resto de España a los que nos roban y a los que no saben hacer bien su trabajo.
Ahora en lugar de estar pensando en todo esto nos dedicamos a hacer el payaso. En lugar de compartir pensamientos y experiencias entre nosotros utilizando el confinamiento, pocos son conscientes de que todo esto está pasando porque vivimos en un sistema totalmente injusto y destructor, y ahora asesino.
