Entre los compromisos que hemos adquirido a nivel mundial a través de la Agenda 2030 hay un tema del que apenas se habla y que, sin embargo, limita las oportunidades de desarrollo físico, mental y social de 152 millones de niños y niñas en todo el mundo, llegando a poner en peligro su salud y sus vidas.
Hablamos del trabajo infantil, y en particular del trabajo en condiciones extremas y peligrosas, que afecta a 73 de esos 152 millones de niños de entre 5 y 17 años, en lo que supone una gravísima violación para sus derechos.
Ya sea extrayendo oro o coltan en minas de Camerún o República Centroafricana, recolectando algodón en China o Pakistán, en fábricas textiles o tecnológicas en Bangladesh o Turquía, rebuscando en vertederos en Brasil o India, o invisibles como empleadas domésticas en Filipinas o Togo, niños y niñas extremadamente vulnerables soportan largas jornadas en entornos insalubres, sufriendo distintas formas de violencia y sin ningún tipo de protección, a cambio de pagas exiguas con las que contribuir a las necesidades de sus familias.
Se han logrado avances significativos desde el año 2000. El número de niños que realizan trabajos peligrosos se ha reducido a más de la mitad. Pero el progreso es demasiado lento si queremos cumplir la promesa marcada en la meta 8.7 de los "Objetivos de desarrollo sostenible" de acabar con el trabajo infantil para el año 2025. Por tanto, es imprescindible impulsar medidas y programas que cambien esta situación y ofrezcan esperanza y oportunidades a todos los niños.
Merece una mención especial el impacto de los conflictos y otras crisis humanitarias. Ante situaciones de inestabilidad y pérdida de fuentes de ingresos, las familias activan distintos mecanismos de respuesta: utilizar los ahorros, pedir ayuda a familiares y amigos, solicitar préstamos, etc.
Cuando las crisis se prolongan en el tiempo, estas opciones se agotan y entran en juego mecanismos "negativos", entre los que se encuentra el trabajo infantil. Como ejemplo, entre los refugiados sirios en Jordania en 2015, un 47% de las familias manifestaron depender total o parcialmente de los ingresos generados por un niño o niña.
Existen varias estrategias fundamentales, que conducen a un marco protector para la infancia, en el que deben implicarse los gobiernos, las empresas, la sociedad civil y las comunidades, en un esfuerzo conjunto para erradicar el trabajo infantil. Entre ellas destacaríamos cinco que a continuación describimos.
Fortalecer los marcos legales para proteger a los niños contra el trabajo infantil, asegurando que son acordes con la Convención de los Derechos del Niño, por ejemplo, legislaciones más estrictas sobre trabajos nocivos o peligrosos.
Apoyar las economías familiares o generar fuentes de ingresos alternativas. En Brasil, los programas de transferencias sociales a familias vulnerables lograron un 16% de reducción del trabajo infantil y un 8% de aumento de las matriculaciones.
Garantizar el acceso a una educación gratuita y de calidad. Los niños y niñas han de estar en la escuela, para disfrutar de esta etapa de aprendizaje y adquirir habilidades que les den oportunidades en el futuro.
Generar conciencia y compromiso en comunidades y empresas sobre los derechos de los niños y la importancia de la educación, desafiando percepciones sociales que perpetúan situaciones de explotación laboral a los más pequeños.
Mejorar los sistemas de recogida de datos sobre temas de protección de la infancia, para contar con evidencias que guíen la toma de decisiones y el diseño de programas de prevención y apoyo. Como ejemplo de un enfoque integral, Unicef desarrolló un programa en Burkina Faso, con aliados gubernamentales y de la sociedad civil, para ofrecer a niños que trabajaban en minas un paquete integral de apoyo educativo, socioeconómico, y de protección.
El proyecto logró apartar de las minas a 15.000 niños, facilitando su vuelta a la escuela o su formación vocacional, y asignando ayudas económicas a sus madres para actividades generadoras de ingresos. El proyecto se diseñó con un componente de monitorización a nivel comunitario para asegurar su sostenibilidad. En consecuencia, quedó establecida una red social de protección contra el trabajo infantil.
Sólo impulsando este tipo de medidas, con compromiso, responsabilidad y recursos por parte de gobiernos, empresas, sociedad civil, comunidades y familias, podremos defender los derechos de estos niños y niñas.
* El autor es presidente de Unicef Comité Español
