El pleno del Ayuntamiento de Terrassa en fecha 1 de diciembre de 2016, con los votos a favor de PSC, los Comunes de TeC (Podem+ICV+EUiA), ERC-MES, CiU (ahora PDeCAT) y CUP, acordó declarar la extinción de la concesión para la explotación del servicio de abastecimiento y suministro de aguas, otorgada por el Ayuntamiento de Terrassa a MINA PUBLICA D’AIGÜES DE TERRASSA, S.A. (MPAT), en el año 1941. También desestimó el recurso presentado por MPAT, en fecha 4 de noviembre de 2016, contra el acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Terrassa, de 29 de septiembre de 2016, por el que se acuerda imponer a MPAT una prórroga forzosa para la prestación del servicio de abastecimiento de agua. Y, finalmente, se aprobó de forma definitiva el proyecto de reversión de bienes y derechos a favor del Ayuntamiento por la extinción de la concesión de 1941. MPAT interpuso recurso contencioso administrativo contra los citados acuerdos y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo n.º 9 de Barcelona, en fecha 4 de abril de 2019, ha fallado declarando nulos los acuerdos impugnados señalados anteriormente.
Jordi Ballart, el alcalde del PSC que dimitió para no verse en la oposición tras la aplicación del 155, fue quien nos metió a todos en el lío del agua. Su argumentación sobre el agua recogida en prensa era la siguiente: "Estudiaremos todos los modelos de gestión directa e indirecta pero, como Mina ‘pone trabas’ al proceso de fin de la concesión actual, nos hemos decidido por la gestión directa…". De traca. Un razonamiento falaz por no decir algo peor. Las "trabas" de Mina no eran sólo las lógicas de una empresa que teme perder facturación, iban más allá, fundamentalmente trataban de poner de manifiesto que hay una parte de la red de distribución (un veinte por ciento aproximadamente) que no era de propiedad municipal en 1941. Ahora un juzgado en primera instancia les ha dado la razón de manera contundente.
Alfredo Vega, el sucesor de Ballart, no ha sabido corregir el atolondramiento de su predecesor y ha cometido la irresponsabilidad de seguir adelante y de perseverar en el error con unas recientes declaraciones en las que elude explicar el fondo de la cuestión, las cuales adornan un anunciado recurso judicial. En el pleno de abril, desde Ciutadans hemos vuelto a tender nuestra mano para corregir el rumbo y evitar costes mayores, pero el PSC la volvió a rehusar. Xavi Matilla, de los Comunes de TeC, ha seguido interpretando el papel de cómplice necesario al lado de los partidos independentistas.
En resumen, nos encontramos en el inicio de un litigio que le puede costar a la ciudad hasta sesenta millones de euros, o el equivalente a un plan de vivienda para mil familias, o renovar toda la flota de autobuses y vehículos destinados a la recogida de basura de una sola vez, que ningún niño se quede fuera del ciclo de 0-3 años porque no haya oferta suficiente, dar respuesta a la necesidad de plazas de residencia para los jubilados dependientes, nuevos planes de empleo para jóvenes y mayores de 55 años, actualización de equipamientos municipales, acabar con la penuria de las entidades del tercer sector y asociaciones culturales, etc.
La finalización de la concesión se tenía que abordar, pero se debía hacer bien y evitar chapuzas. ¿Había alternativa a la exposición de un litigio por el coste de los bienes no revertibles? En Ciutadans pensamos que sí y lo dijimos en su día. En resumen, se puede defender la idea de que el servicio en Terrassa lo dispensen varias empresas sin que ello suponga poner en cuestión ni la titularidad del servicio por parte del Ayuntamiento, ni las tarifas, ni las inversiones, ni el mantenimiento. De hecho ¡ya funciona así!: hay dos operadores (TAIGUA y Aigües de les Fonts) y una cooperativa trabajando en la actualidad.
Lo peor de todo no es que a nivel local el PSC junto a los Comunes de TeC (Podem+ ICV+EUiA), ERC-MES, CiU (ahora PDeCAT) y CUP hayan actuado sin conocimiento, lo terrible es que les da igual. Lo peor de la política se ha dado cita en Terrassa, con partidos que pudiendo prevenir el desastre se mantienen en el error con el convencimiento de que pasados 5 o 6 años de litigios ya asumirá las consecuencias quién esté en ese momento en el Ayuntamiento, obviando que quien al final paga la factura es el contribuyente. ¿Hubieran actuado igual si lo que estuviera en juego fuera su patrimonio personal?
Cuando en Ciutadans hablamos de regeneración democrática en mayúsculas, nos referimos a este tipo de situaciones en las que la política sortea el corto plazo evitando enfrentarse a la verdad con valentía.
* El autor es portavoz del GM de Ciutadans en el Ayuntamiento de Terrassa
