Nunca fui muy amigo de las empresas públicas, y mucho menos cada vez que me viene a la mente la suerte que han corrido todas (y eran muchas) las que cayeron en manos de esta clase política que venimos padeciendo, prácticamente desde el inicio de nuestra democracia.
El mayor descalabro nos lo propinaron, con su desastrosa gestión y hasta su pillaje, en las cajas de ahorros. Unas entidades que hasta los años 90 tenían un valor incalculable, y que tras el paso por ellas de los “atilas” políticos, sindicalistas y advenedizos no sólo las fundieron, sino que será difícil que algún día sepamos cuánto nos terminará costando tapar sus enormes agujeros.
Prestaban además una labor social que, en la mayoría de los casos, también ha pasado a mejor vida.
Dominaba también el Estado un entramado de empresas que abarcaba todos los sectores, y eran la parte gruesa de cuantos valores cotizaban en nuestras bolsas. Entre ellas estaban Endesa, Repsol, Telefónica, Argentaria, Redesa, Gas Natural, Casa, Aldeasa, Aceralia, Tabacalera, Iberia, Aena y un muy largo etcétera. Se fue desprendiendo de ellas, en muchos de los casos más para minorar los constantes déficits que por motivación lógica.
Mientras, se ponían en manos poco respetuosas con las empresas adquiridas servicios tan sensibles como los de Hispasat, operador de todo un sistema de satélites que prestan servicio a nuestras áreas de defensa, seguridad, inteligencia y asuntos exteriores, entre otros, en portugués y español y dando cobertura a parte de Europa, norte de África y toda Hispanoamérica.
La vergüenza adicional de que se lo repartiesen, por mitades, los sagaces opantes de Abertis y las domiciliasen en Italia y Alemania, unida a las críticas que despertó, hizo deshacer la operación, si bien la fórmula utilizada es, cuando menos, poco adecuada y de no muy clarificado coste.
Nuestro Consistorio, a contracorriente de cuanto fueron realizando la mayor parte de administraciones, y con toda una colección de sociedades donde ya se puso de manifiesto su nula capacidad de gestión, se obstinó en echar adelante la municipalización del agua que, no siendo fácil de llevar a cabo de forma sensata y justa, quiso imponer su propia opinión y precipitarla a sabiendas de que algún día habría una sentencia judicial que no tenía por qué coincidir con sus criterios e imposiciones.
Es verdaderamente lamentable que, cuantos ostentan algún poder político, se permitan tomar decisiones a sabiendas de que pueden costar mucho dinero, como terminará siendo en este caso, aunque se recurra, y los responsables salgan indemnes, mientras termina pagando el pueblo, en nombre de quien dicen actuar.
En este caso, se habló mucho de la demanda social, que no se visualizó por ninguna parte, y sí en cambio hubo una gran movida de activistas y gran entusiasmo y obstinación de nuestros políticos.
Saltarse olímpicamente la existencia de una sentencia pendiente, debería tener consecuencias graves para quienes hicieron gala de una enorme irresponsabilidad.
