La pesadilla de los desahucios no ha acabado con la pretendida salida de la crisis económica. En Terrassa, los servicios sociales atendieron durante 2018 más de mil desahucios en la ciudad, lo que no quiere decir que fuesen todos los que se programaron, sino los que llegaron al mostrador del departamento. En el primer trimestre de 2019 ya ha atendido 325 desahucios, por lo que si se mantiene ese ritmo, a final de año se superará ampliamente la cifra de 2018. Eso quiere decir que en un año más de mil familias no sólo han sido despojadas de la vivienda que habitaban, sino que se han visto en la calle, sin posibilidad de tener un techo.
La situación es suficientemente dramática como para que se vea agravada por la tortura que significa el lanzamiento abierto. Esto es que el juzgado señala un periodo de tiempo de entre diez y quince días en los que el lanzamiento, el acto físico mediante el que la comisión judicial ejecuta la orden de desahucio, puede llevarse a cabo. La fecha, por tanto no es cierta. La polémica está en que la Ley de Enjuiciamiento Civil especifica claramente que los lanzamientos debe n ser fijados con día y hora y notificados a las partes. Esto no se hace siempre así, generando una situación de angustia extraordinaria en las familias ejecutadas, que como en uno de los casos que aparecen en la información que publicamos hoy al respecto, se juegan el trabajo para estar permanentemente en casa para intentar evitar el lanzamiento. Hay jueces que admiten los recursos y corrigen la situación y los hay que no.
El problema, para ellos, es que las comisiones judiciales se encuentran con serios problemas para ejecutar los desahucios como consecuencia de la presión a las organizaciones vecinales y de defensa de los ejecutados, que intentan impedir, en muchos casos con éxito, que se lleven a cabo lanzamientos. De hecho en Barcelona se impidieron más de la mitad de los programados el año pasado.
El desahucio abierto es un recurso no previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil y además resulta siniestro. Es necesario poner de manifiesto si realmente existe margen legal de maniobra para que la maquinaria judicial busque soluciones fuera de la LEC para llevar a cabo las órdenes de desahucio. Pero yendo todavía más allá, cabe preguntarse si es función de los juzgados buscar esas soluciones, porque si se va a llevar a cabo un lanzamiento y no se puede por las circunstancias que sean, debe ser el legislador el que establezca las normas a seguir.
