El pasado viernes, 22 de febrero de 2019, se publicó en el BOE la sentencia de desistimiento del recurso que el PP y la banca presentaron al Tribunal Constitucional contra la Ley 24/2015, una nueva victoria de los promotores de esta ley, la PAH, la APE y el Observatori DESC, que nunca dejaron de creer en que sí se podía y volvieron a hacer posible lo imposible.
¿Por qué es tan importante esta sentencia que vuelve a poner en vigor los artículos 5 y 7 de la Ley de Medidas Urgentes para afrontar la emergencia en el ámbito de la vivienda y la pobreza energética? Porque otorga toda una serie de derechos a las familias en riesgo o situación de exclusión residencial: a) Obliga que ante un proceso de ejecución hipotecaria, desahucio por impago de alquiler o dación en pago, si el propietario es un gran tenedor esté obligado a hacer un contrato de alquiler social por un mínimo de tres años y obliga a notificar la oferta al Ayuntamiento; si el propietario incumple, el Ayuntamiento está obligado a sancionar con 90.000 euros y b) La administración puede resolver la cesión obligatoria de viviendas, por un periodo de tres años, para incorporarlas al fondo de vivienda de alquiler social, en el caso de viviendas vacías de grandes tenedores.
Pero la clave de bóveda de esta sentencia es la aplicación del artículo 5.6 que especifica que las administraciones públicas deben garantizar, en cualquier caso, el adecuado realojamiento de las personas y familias en situación de riesgo de exclusión residencial que estén en proceso de ser desahuciadas de su vivienda habitual. Y especifica que el realojo tiene que ser en un máximo de tres meses. Este artículo obliga a nuestro Ayuntamiento y a la Generalitat al realojo ante cualquier tipo de desahucio, por tanto, no se debería producir ninguno más desde el viernes 22 de febrero.
Por todo esto, desde Terrassa en Comú hemos presentado un acuerdo de Junta de Portavoces para exigir la aplicación inmediata de estos artículos de la Ley 24/2015 y por tanto pedir a los juzgados y a las administraciones públicas la parada de todos los desahucios que afectan a personas en situación de exclusión residencial de nuestra ciudad. También pedimos que nuestro Ayuntamiento y la Generalitat destinen el máximo de recursos y esfuerzos para su aplicación y para realojar y movilizar las viviendas vacías, que se activen inmediatamente todos los mecanismos para la cesión obligatoria y que se notifique a los grandes tenedores del registro de pisos vacíos de la Generalitat la obligación de cederlos a la administración y, por último, que se sancionen todas aquellas situaciones de incumplimiento de la ley.
Los bancos y los fondos buitre no quieren que las familias con dificultades conozcan esta ley que los defiende. Porque no quieren tener que asumir responsabilidades y porque no soportan que la ciudadanía sepa que “se pueden” cambiar las leyes injustas por otras más justas y que garanticen derechos. La pregunta que nos debemos hacer es si el equipo de gobierno del PSC de nuestro Ayuntamiento quiere una cosa o la otra, es decir, si va a poner todos los esfuerzos para aplicar esta ley o no. Ésa será la línea que delimite la defensa de la gente de verdad o el hacerlo ver, mientras se defiende a la banca y los fondos buitre.
* El autor es concejal de Terrassa en Comú
