La vivienda es un derecho constitucional que queda recogido en el artículo 47 de la Constitución española.
El sector de la vivienda ha estado sumergido en una profunda crisis desde el año 2007 que ha llevado a destruir gran parte de su red empresarial. A partir del 2015 el sector está recuperando la actividad, sobre todo impulsando compañías con capital extranjero y éstas entendieron que era un buen momento para poder realizar compras en el mercado español con retornos ajustados a sus estrategias de inversión.
Es cierto que este perfil de inversores requiere retornos altos, pero también es cierto que el riesgo que asumen es elevado, tanto los que se derivan del propio sector inmobiliario como los de la situación del país. El mercado inmobiliario es un sector intensivo en capital, por tanto con necesidades de disponibilidad de capitales elevadas, donde se demandan unos retornos según las necesidades de las compañías. Todas las compañías de cualquier sector han de encontrar un equilibrio entre el riesgo y la inversión, a mayor riesgo se pide una mayor rentabilidad del capital aportado.
El crecimiento del sector ha sido heterogéneo, y también es cierto que, en determinadas localidades, se han recuperado muy rápidamente algunos precios. El número de transacciones se está recuperando, pero se concentran en áreas geográficas muy concretas.
El elemento que está favoreciendo el incremento de precios en algunas poblaciones es el desequilibrio entre demanda y oferta, es decir, todo el mundo quiere vivir en el mismo sitio y no hay suficientes viviendas. Este hecho hace que los precios de las viviendas crezcan, empezando a ser insostenible en algunos municipios. Consecuentemente, esta situación está produciendo un desequilibrio entre el valor de compra o el alquiler de las viviendas y la capacidad de pago que tienen las personas.
Otro aspecto que afecta al sector, aunque el paro se está reduciendo, es, en parte, debido a la generación de contratos precarios que dan lugar a salarios bajos e inestables. Con este escenario, las generaciones jóvenes no disponen de capacidad para hacer frente a la vivienda, ni en régimen de alquiler ni mediante la compra.
La realidad del mercado dice que el 80% de la compra de viviendas la hacen personas que buscan una mejora de la vivienda cuando, antes de la crisis del 2008, el volumen más importante siempre había sido como consecuencia de la gente que accedía por primera vez a una vivienda. Si a este aspecto le añadimos las previsiones demográficas para los próximos años, que muestran que se está produciendo una inversión de la pirámide de edad y una concentración de población en las grandes ciudades debido a la concentración de servicios y mejores oportunidades laborales, es seguro que el problema de la vivienda se irá agravando.
Además, no es tan sólo un efecto económico y logístico para las personas, sino un problema de raíz más honda para el conjunto de la sociedad. Las personas y las familias necesitan estos hogares para crecer desde la confianza y el afecto. Las personas necesitan de la caseidad cotidiana para desarrollarse como personas, tanto de forma individual como comunitaria, a partir de la base sólida que aporta un hogar.
Ante las perspectivas económicas, el crecimiento heterogéneo de las poblaciones, la demografía y la precariedad laboral, están empezando a surgir algunas alternativas como el cohousing, las tenencias intermedias, la consolidación del modelo de cooperativas de viviendas y el compartir vivienda, entre otras. Son alternativas que han de madurar pero pueden dar respuesta a las necesidades básicas que todos tenemos de disponer de un hogar. Al margen de las aportaciones que pueda hacer el Estado en materia de vivienda, nosotros debemos seguir trabajando con la creatividad y la iniciativa que pueden aportar los cuerpos sociales intermedios, a fin de poder ir dibujando nuevas propuestas que garanticen un hogar para todas las personas.
* El autor es ingeniero de obras públicas y forma parte del Àmbit Maria Corral d’Investigació i Difusió
