En un conflicto siempre hay unos pocos que ganan y otros muchos que pierden. La política catalana lleva años en permanente conflicto, instaurado de forma interesada aunque inconscientemente por aquellos que gobernaban el país en 2012 (Artur Mas y Cía). Hoy, la situación es un tanto diferente. No haré un diagnóstico pues no es necesario entrar al detalle del asunto para hacer una serie de apreciaciones. Lo que sí hemos podido comprobar estos años es que hay unos partidos que viven del conflicto. Son los que se han encargado de echar más gasolina al fuego. Los que han imposibilitado cualquier posibilidad de acuerdo para llegar a una solución. Los que han llamado traidores a los únicos que querían diálogo y los que se han saltado todas las leyes habidas y por haber para llevar a cabo su cometido. Y éstos son los que, hasta ahora, han ganado.
Por el contrario, hay muchos otros que han o, mejor dicho, hemos perdido. Y éstos somos los ciudadanos que estamos hartos de esta situación. Y el partido político que ha querido llevar la voz de esta gran mayoría social a la agenda institucional ha sido el PSOE, en el conjunto de España, y el PSC en Catalunya. Hemos hecho de puente, de punto de encuentro y de diálogo, hablando con unos y otros para intentar poner fin a una situación que de seguir así será insostenible en poco tiempo. Pero como siempre pasa, y hablando en términos bélicos, cuando hay una guerra, lo primero que hacen ambos bandos es derribar los puentes. Y esto ha vuelto a suceder en la política española.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto encima de la mesa la posibilidad de llegar a acuerdos y pactos sobre varios asuntos. Por un lado, la derecha más irresponsable que se recuerda en la democracia española dejó claro desde el primer momento que con ellos no había nada que hacer. El "trifachito", formado por PP, Ciudadanos y VOX, no ha cesado en sus intentos de derribar al PSOE simplemente por querer hacer política y buscar el diálogo y el pacto. Por otro lado, otros interlocutores también tenían que ser los independentistas, naturalmente. Éstos, alentados por el radicalismo de Puigdemont (aquel señor que está de gira por Europa), han cometido uno de los errores más torpes que se recuerdan del independentismo en estos últimos años, y no es que hayan cometido pocos precisamente.
ERC (si es que se le puede seguir llamando "Esquerra"), junto con el PDeCAT, ha rechazado el proyecto de Presupuestos Generales del Estado planteado por el Gobierno del PSOE. Un proyecto totalmente social que contemplaba medidas como la subida de las pensiones (1,6% para las generales, 3% para las mínimas y no contributivas y 7% para las de viudedad); la subida del salario de los funcionarios de entre el 2,25% y el 2,75%; la recuperación del subsidio para mayores de 52 años, que beneficiaría a 114.000 personas; 670 millones para un plan de choque de empleo joven; 885 millones en bonificaciones para la contratación indefinida y favorecer el empleo digno de colectivos como personas con discapacidad, personas en riesgo de exclusión social, mayores de 45 años, jóvenes y víctimas de violencia de género; el incremento del 4,7% en las partidas para políticas activas de empleo; el incremento de 831 millones en la partida para atender a las personas con dependencia; la recuperación de la cotización para las personas cuidadoras de personas con dependencia; un ingreso mínimo vital para sacar a 82.000 niños de la pobreza severa; la eliminación de los copagos en los medicamentos para pensionistas y familias con rentas bajas, lo que beneficiaría a siete millones de personas; cien millones de euros para ayudas para libros de texto, el doble que el año pasado; 137 millones de euros para promover alquileres a precios asequibles; 300 millones de euros para favorecer la eficiencia energética y la apuesta por las energías renovables; 973 millones de euros de inversión real en infraestructuras, un 26,6% más que en 2018, lo que permitiría crear 285.000 puestos de trabajo, y así podría continuar enumerando más medidas. En definitiva, un proyecto de presupuestos sociales que nos permitía empezar a recuperar todo aquello que habíamos perdido en los siete años de gobierno del PP.
Todos ganábamos. Catalunya también. Más de dos mil millones de euros (un incremento del 67% respecto al año anterior) estaban destinados para inversiones en el territorio catalán. Pero ERC y el PDeCAT han decidido votar que no. Estos dos partidos han preferido seguir bajo unos presupuestos, los del PP, que siguen suponiendo un problema para millones de personas que no ven satisfechas sus necesidades básicas, también en Catalunya. En este caso, hemos vuelto a ser muchos los que hemos perdido. Hemos perdido oportunidades, hemos perdido opciones de avanzar en el Estado del bienestar, hemos perdido derechos. Y, en este caso, también han sido unos pocos los que han ganado. La derecha española se prepara para unas elecciones en que algunas encuestas le dan vencedora. La torpeza del independentismo catalán será recordada en un futuro no muy lejano. Cuando la situación se recrudezca vendrán las lamentaciones, pero entonces será tarde. Lo que sí ha quedado claro es que, una vez más, los extremos se tocan. La unión del PP y Ciudadanos con ERC y el PDeCAT muestra la evidencia: ambos bloques quieren inestabilidad y que el conflicto siga vivo. Pero al final la última palabra la tendrá la ciudadanía, y será en las urnas. Será en ese momento que entre todos deberemos decidir si queremos aquellos partidos que lo han hecho todo por eternizar el conflicto o aquellos que lo han hecho todo por poner solución y mejorar la vida de las personas.
* El autor es secretario de Organización del PSC Terrassa y concejal en el Ayuntamiento
