Esta semana hablábamos del momento de cambio al que estamos asistiendo en torno al transporte público de viajeros. La irrupción de plataformas como Uber y Cabify está precipitando un cambio de concepción que tendrá unas consecuencias que ya se están produciendo en algunas ciudades extranjeras. Como consecuencias, hablábamos de la sustitución, por una parte, de un transporte público regulado, por uno absolutamente liberalizado, con sus pros y sus contras, pero sin el control que sobre el taxi se tiene ahora y, por otra parte, de una predecible precarización de las condiciones laborales de los conductores y propietarios de licencias.
Probablemente, el sector del taxi, refugiado en esa regulación, debería haberse subido ya al tren de las nuevas tecnologías. Habrá que ver si todavía está a tiempo de reaccionar, aunque parece difícil, porque la dimensión que ha adquirido la nueva realidad de las plataformas VTC la hacen imparable. Una ley que ya no se sabe si vigente o no, pero seguro que no respetada, dice que debe haber una licencia VTC por cada treinta taxis y la realidad nos muestra que existe una licencia VTC por cada seis taxis y se siguen concediendo licencias.
Precisamente, al margen del análisis del fenómeno, no podemos dar la espalda a la gestión que de este asunto se ha realizado por las fuerzas política con responsabilidad de gobierno en España, Partido Popular y PSOE y la que van a hacer las autoridades autonómicas.El asunto de las VTC se ha convertido en un caos normativo que pone en cuestión la responsabilidad de quienes tiene la facultad de tomar decisiones. El gobierno de Pedro Sánchez, a través del ministro del ramo, José Luis Ábalos, después de la regulación anterior del PSOE y de la contrarregulación realizada por el PP, normas, insistimos, no respetadas, decidió el verano pasado, recién llegados al poder, traspasar la patata caliente de las VTC a las autonomías.
En Catalunya, la norma impuesta, por ejemplo, por la Generalitat, se cambia como consecuencia de la presión y se queda a medio camino de lo que piden los taxistas. Un daño colateral es la división del movimiento de protesta, pero es que, además, puede provocar una diferente regulación según la decisión de los ayuntamientos, por ejemplo, en lo que se refiere al tiempo de precontratación. Es decir que puede haber una regulación diferente según comunidades autónomas y, dentro de las comunidades autónomas, entre ayuntamientos, con la repercusión que eso puede tener en los municipio en función de la decisión que se adopte en cada uno. Por ejemplo, si Sabadell decide optar por una hora de precontratación y Terrassa, por quince minutos, quizás habrá más VTC en Terrassa que en Sabadell. La patata sigue caliente.
