Los pensionistas iniciamos un proceso en enero del 2018, de movilizaciones semanales, provocado por el insultante 0,25% de incremento en las pensiones desde el 2013. Estas movilizaciones pusieron sobre la palestra la verdadera situación de las pensiones en España relativas a varias realidades que había que cambiar.
La pensión contributiva mínima vigente, de unos 624 euros/mes, es insuficiente para asegurar al pensionista una vida digna. La carta social europea establece 1.080 euros como el importe necesario para cubrir las necesidades básicas de cualquier ciudadano de la UE.
El factor de revalorización de las pensiones establecido por la reforma del 2013, impuesta por el PP, supuso un incremento anual durante cinco años del 0,25% con una pérdida de poder adquisitivo del 7%. En este año finalizado se ha conseguido recuperar el IPC como referente de la revalorización de las pensiones que incluye el 2019, fruto de los pactos de gobierno entre PSOE y Unidos-Podemos.
Conseguir esta revalorización para el 2019 está sujeta a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, y a la vez la aprobación de los PGE está supeditada a que haya una mayoría parlamentaria que la apruebe, cosa difícil de conseguir si los partidos PdeCat y ERC siguen anteponiendo su interés político independentista al bienestar de los pensionistas de España. Por otro lado el Senado mantiene su mayoría parlamentaria en manos del PP, lo que asegura un bloqueo al incremento aprobado cuando se elija el nuevo gobierno.
La realidad política a medio plazo nos lleva a ser muy pesimistas después de ver los resultados electorales en Andalucía, y las encuestas posteriores de opinión, que sitúan para las próximas elecciones legislativas en el 2020 una mayoría parlamentaria absoluta conservadora (PP, VOX y Ciudadanos). Los acuerdos firmados ahora serán papel mojado entonces.
Por otro lado existe el proyecto PEPP de la Unión Europea para la privatización de las pensiones con el objetivo de cargarse el sistema público existente. Este proyecto empobrecería enormemente al colectivo pensionista en su última etapa de vida.
Ante esta situación de inestabilidad de nuestras pensiones, los movimientos de pensionistas en todo el Estado español reclaman el blindaje de las mismas dentro de los PGE y en la Constitución. Este objetivo reivindicativo es de un gran calado social que ya deberían estar abanderando los sindicatos, cosa que no hacen, sólo les interesan los Pactos de Toledo. Esto abriría otro escenario que se trasladaría directamente al seno de la UE, ya que el capital financiero es el promotor de este proyecto de miseria para muchos millones de pensionistas en Europa y para 9,5 millones de españoles.
Por otro lado las condiciones de trabajo establecidas por la reforma laboral del 2011-2013 que soportan nuestros hijos e hijas y nuestros nietos y nietas son miserables. El gobierno del PSOE no se atreve a entrar en profundidad en esta cuestión, y los sindicatos hablan de modificaciones puntuales de la ley vigente. Todo esto sin molestarse en presentar batalla de forma contundente. Prefieren salir tres o cuatro veces al año con las banderolas, chalecos y pancartas.
España ha sido desmantelada de recursos económicos para la educación básica, la sanidad, la asistencia social, las prestaciones asistenciales, la investigación, la formación universitaria y la vivienda social. Ha sido expoliada durante diez años por el capital financiero y los gobernantes europeos, sin contar con la corrupción política que ha despilfarrado más de cien mil millones de euros de las arcas públicas, consiguiendo que más de un 20% de la ciudadanía viva en condiciones de emergencia social.
Hay motivos suficientes para que los sindicatos y los partidos de izquierdas, sean federalistas o independentistas, pongan en primer lugar de su acción sociopolítica estrategias para cambiar en profundidad todo esto. Deben abandonar esta pasividad claudicante frente al sistema y dar alternativas a la sociedad civil, porque si no sembrarán para el voto a la derecha franquista.
Los pensionistas también debemos retomar el ímpetu de enero del 2018. No debemos conformarnos con las miserias que nos han dado. Tenemos enfrente a un enemigo muy poderoso, el resurgir neofascista apoyado por los partidos de centroderecha, y sus mentores, el capital financiero que se siente muy fuerte ante nuestra pasividad y aceptación de todas las desgracias que nos han impuesto. Debemos recuperar la dignidad que nos han robado. Nos jugamos no sólo nuestro presente, sino el futuro de nuestros hijos, hijas y nietos, nietas.
Deberíamos seguir el ejemplo de nuestros vecinos franceses y ponernos los chalecos amarillos todos y todas para ir en una sola dirección y con una misma meta.
* El autor es miembro del Moviment per unes Pensions Dignes
