Es difícilmente calificable lo que ha ocurrido con el Tribunal Supremo. Ya avanzábamos el martes que cualquier decisión sería de difícil digestión y que comprometería al alto tribunal, pero pocos esperábamos una decisión como la que se ha producido, incluidos los cambios de voto de algún magistrado y del propio presidente de la Sala.
La clave de todo hay que buscarla, necesariamente, en la reacción del presidente de la Sala Tercera, Díez-Picazo, cuando a mediados de octubre, decide advocar al pleno de la sala para decidir sobre la sentencia del impuesto de las hipotecas. En ese momento, la justificación que realiza para una resolución colegiada del asunto es que un cambio de jurisprudencia implica una serie de consecuencias económicas de gran trascendencia. Ese es el gravísimo error del magistrado Díez-Picazo por cuando deja al margen el criterio jurídico, al que ni siquiera hace referencia, para pedir el auxilio y, por tanto, la corresponsabilización de todos sus compañeros. Ante esa situación, la desconfianza por parte de la ciudadanía y el descrédito por parte del Tribunal supremo se dan la mano, generando una tormenta perfecta, de consecuencias imprevisibles que el presidente del Gobierno y el resto de partidos políticos con representación parlamentaria quieren cerrar con un cambio legislativo.
Estamos ante un esperpento judicial y una reacción oportunista e incluso cínica de la clase política. El escándalo provocado por la actuación del Tribunal Supremo ha generado tal estado de indignación en la calle que genera una reacción tardía de la clase política, cuando estamos instalados en una jurisprudencia que tiene veinte años de vigencia.
Ni se justifica, por tanto, el cambio de criterio del Supremo, ni se justifica la actitud de los partidos de querer cambiar la legislación cuando ninguno de ellos ha impulsado durante este tiempo ningún cambio legislativo. No se trata de criticar el cambio de la norma, al contrario, es absolutamente necesario; la crítica se centra, precisamente, en que la clase política no lo haya promovido antes, especialmente PSOE y PP, que son los que han tenido responsabilidades de gobierno. Sólo entidades como, por ejemplo, la PAH o las asociaciones de usuarios de banca han denunciado esta situación y la aplicación con reparos y con calzador de las disposiciones de la Unión Europea en torno a las hipotecas y al procedimiento de ejecución.
El presidente del Supremo, Carlos Lesmes, que al igual que Díez Picazo, debería presentar su dimisión de forma inmediata, justificaba ayer la decisión del Supremo con que se trata de “las reglas del juego”. Con esas mismas reglas, magistrados compañeros suyos, expertos en derecho fiscal, cambiaron la jurisprudencia.
Con todo, no perdamos de vista, que aunque el Tribunal Supremo hubiese votado favorablemente a los intereses de los consumidores o se produzca, efectivamente, el cambio legislativo anunciado ayer por Pedro Sánchez, el ya famoso impuesto de las hipotecas, de una forma y otra, lo seguiremos pagando los consumidores indefectiblemente; la banca nunca pierde.
